Son cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño, que consideraron que el Estado no está obligado a garantizarlas hasta los 4 años, desconociendo lo que dice la Constitución local.
Por mayoría, conformada por las juezas Inés Mónica Weinberg de Roca y Marcela De Langhe y los jueces Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, la sentencia responde a un amparo individual –“NBH contra el Gobierno de la Ciudad”– por el cual se reclamaba el acceso a una vacante en el nivel inicial. El TSJ consideró que en el período en el que la educación no es obligatoria según la legislación nacional, no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de dichas edades que así lo requieran. Además, el texto del fallo habilita criterios de priorización del otorgamiento de vacantes basados en la capacidad económica de las familias.
“La decisión judicial que considera que el GCBA no se encuentra obligado a garantizar vacantes previo a sala de 3 años es absolutamente regresiva respecto de los compromisos que ya había asumido el Poder Ejecutivo local –sostuvieron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)–, y pasa por alto el aumento de la problemática y la gravedad de la violación de derechos de niños y niñas que no logran acceder a una vacante escolar”.
En efecto, el artículo 24 de la Constitución porteña obliga al Estado local a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años. Esto no solo no sucede, sino que empeora año a año, sobre todo desde la implementación de la inscripción online. En 2011 habían sido 5629 las niñas y niños que no obtuvieron vacante en escuelas públicas porteñas, viendo vulnerado su derecho a la educación. En 2019, la falta de vacantes afectó a 9120 niñas y niños.
Y esto en un contexto de fuerte desinversión en la educación pública de la Ciudad, que prevé en el Presupuesto 2021 la asignación más baja de los últimos nueve años para el Ministerio de Educación y, en particular, para el Programa de Infraestructura Escolar, que es el que debe ampliar las vacantes, y cuyo presupuesto se verá reducido en un 71,8 por ciento.
“El TSJ desconoce los potenciales efectos de su fallo, en el que se reconoce que, por el déficit de vacantes y presumiendo la ausencia de medidas progresivas por parte del GCBA, solo podrán acceder a la educación pública quienes no cuenten con los recursos económicos para solventar una cuota en una institución privada. Si bien resulta razonable que, frente a la escasez de vacantes, se priorice su asignación a las niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad, al considerar el Tribunal que el Estado local no tiene una obligación concreta de ampliación progresiva de las vacantes –hacia su universalización en un tiempo razonable–, ello podría dar lugar a que se mantenga en el tiempo un sistema segregado y discriminatorio en el que niñas y niños accederían a la escolarización en instituciones de gestión pública o privada según los recursos de sus familias”, agregaron desde ACIJ.
Eduardo Barreyro, el abogado querellante en la causa que generó el fallo del TSJ y que representa, además, a cientos de familias sin acceso a vacantes para sus hijos, aseguró que recurrirán a la Corte Suprema, en tanto la resolución viola el texto de la Constitución porteña.
El fallo del TSJ, claramente alineado con las políticas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, vuelca la responsabilidad sobre la falta de vacantes en la Legislatura, que no habrían provisto al Ejecutivo de las partidas presupuestarias necesarias para generar más vacantes. Un absurdo, puesto que el larretismo tiene la mayoría y es el que decide el recorte.
Certificado de pobreza
Todo indica que la polémica resolución generará muchas repercusiones, entre otras, el pedido de juicio político contra Weinberg, De Langhe, Otamendi y Lozano, impulsado por las familias sin vacantes y desde varias organizaciones. Por lo pronto, en change.org ya hay una petición suscrita, entre otros, por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional CABA y la CTA Autónoma de Capital, que dice que «esta mayoría automática destruyó los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la educación pública al establecer que el GCBA solo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las personas que demuestren que no pueden pagar una escuela privada (certificado de pobreza)»
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