Impulsan que familiares de represores declaren en juicios

El encuentro, organizado por el colectivo «Mario Bosch», contó con la adhesión del Equipo de Estudios Sociojurídicos en Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes). Se llevó a cabo viernes y sábado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).La novedad de la cuarta jornada fue que en el panel de cierre participaron la diputada nacional Fernanda Raverta, impulsora del proyecto en el Congreso Nacional, y el abogado Pablo Verna, hijo del mayor de Julio Alejandro Verna, médico con grado de Capitán Retirado del Ejército Argentino a quien acusó de participar en los vuelos de la muerte, y autor del proyecto. 

“Es importante porque en materia de derechos humanos, si bien somos pocos los hijos (de represores) que tenemos algo que denunciar, puede haber otros familiares que pueden aportar datos o pruebas indiciarias”, explicó Verna. 

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso el 7 de noviembre pasado por el colectivo «Historias desobedientes» (hijos y familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia). Fue tomado por Raverta, diputada marplatense e hija de desaparecidos. El proyecto busca modificar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal que impide denunciar o testificar al «cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano» salvo que «el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado».

La propuesta busca modificar ese articulado para casos de delitos de lesa humanidad. «En el colectivo lo vemos como algo positivo. Planteado en términos filosóficos, ese es un artículo retrógrado y no debería aplicarse en este tipo de casos»!, opinó Maximiliano Chichizola, del Colectivo Nacional de Abogados Mario Bosch. Detalló que no sólo puede aportar a los juicios sino que también cumple un rol reparador para «familiares que se han encontrado con una historia terrible, de la que no son parte y que puede llegar a estigmatizarlos». 

Las IV jornadas de abogados comenzó con un panel de debate sobre el beneficio de la prisión domiciliarias para los genocidas a cargo de la abogada Guadalupe Godoy y su colega Pablo Llonto. En ese panel, los letrados analizaron esa morigeración de la pena como una nueva forma de impunidad después del fracaso del intento de aplicación de la ley de 2×1, que cosechó un rotundo rechazo popular. En rigor, en las jornadas del año pasado, los abogados habían considerado la aplicación de esa ley derogada un indulto para los represores condenados y los imputados. En esa lectura, que los genocidas se vayan a su casa es ‘el plan b’ de los condenados en el camino hacia la impunidad. «