Impulsan una denuncia contra Baby Etchecopar por intimidación y hostigamiento a un grupo de mujeres

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) denunció al periodista Angel “Baby” Etchecopar por instigación a cometer delito, intimidación pública y apología del crimen, tras difundir los teléfonos celulares de un grupo de manifestantes que protestaron en la puerta de la emisora Radio 10 por  sus dichos en el programa “El ángel del mediodía”, considerados alentadores de la violencia contra las mujeres, e instigar a los oyentes a llamarlas e insultarlas durante varios días.

La investigación preliminar, iniciada a partir de una denuncia de las integrantes de la Campaña ante el programa ATAJO, fue remitida a sorteo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y por sorteo cayó en el Juzgado Criminal y Correcional Federal 3 de Daniel Rafecas. El fiscal será Guillermo Marijuan .

La denuncia remite al 4 de mayo de 2017, en horas del mediodía, cuando un grupo de integrantes de la Campaña Nacional de Violencia contra las Mujeres, realizaron una manifestación frente al edificio ubicado en la calle Fitz Roy 1940, en repudio de los dichos que había expresado días atrás  Etchecopar: “Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita hay una provocación” y “el problema no es el degenerado, es la provocación”. “En ese contexto, una de las productoras se acercó al grupo de mujeres que se hallaba en la puerta de ingreso de la radio e intentó quitarle el teléfono celular a una de las manifestantes, no obstante, ante la imposibilidad de hacerlo, le sustrajo una de las banderas. Momentos después, luego de retirarse del lugar, dichas mujeres comenzaron a recibir, de manera reiterada e incesante, llamados y mensajes telefónicos por parte de abonados desconocidos”, relata la presentación. 

Y agrega: “Luego, tomaron conocimiento que el Sr. Etchecopar había difundido sus teléfonos celulares en el programa de radio mencionado y continuó haciéndolo durante varios días, incitando a que las llamen e insulten, lo cual guardaba relación con los mensajes que recibían, toda vez que el mayor caudal ocurría en el mismo horario del programa”. 

La denuncia cita algunos de los mensajes: “Ehh puta la concha de tu madre, te vamos hacer mierda deja al abby en paz o vamos a quemar tu casa”; “Forra hija de puta, sabemos por dónde andas. Cuidate, lacras, kukas dejen de joder”; “Vas a pagar muy caro por haberte metido con babyetchecopar hija de puta te tuvieron que haber abortado a vos negra de mierda”, entre otros.

A su vez, de las capturas de pantalla aportadas se destacan algunos de los mensajes remitidos: “Conchuda, fiera, negra pelotuda, acordateq(ue) en los 70s perdieron y terminaron muriendo 9000 boludos, no provoquen de nuevo “Porquería por qué no te vas a laburar dejen de molestar a baby váyanse a bañar” y “Negra de mierda hija de puta habría que pegarte un tiro”.

Para la UFEM, de los hechos relatados ante la Dirección General de Acceso a la Justicia se desprende, por un lado, la posible comisión de los delitos previstos en el Título VIII, capítulos I, III y IV del Código Penal, y hechos delictivos que encuadrarían en el Título V, capítulo I del Código Penal y de hostigamiento previsto en el artículo n° 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos autores al día de la fecha se desconocen.
Esa ley, en su artículo 3, párrafo 2, establece penas de prisión –de un mes a tres años- a “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. 

La presentación de la UFEM incluye entre las medidas sugeridas, el requerimiento del listado de llamadas entrantes y salientes correspondientes a las víctimas (cuyos número proporciona) como así también de los teléfonos de los cuales provinieron los mensajes hostigadores y amenazantes, que se incluyeron en un soporte digital. Además, la solicitud a las empresas que informen datos de la titularidad de las líneas identificadas por las víctimas como correspondientes a los agresores y el domicilio de facturación, entre otras medidas.