Imputan a Edesur y Edenor por deficiencias en facturaciones y en atención de reclamos

La Secretaría de Comercio Interior informó hoy que las empresas distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, quedaron imputadas por no brindar informes detallados de los cargos de servicios en su facturación y por no brindar respuestas suficientes a los reclamos de los usuarios. A través de un comunicado, el organismo oficial indicó que dicha imputación, que implica la apertura de un expediente de oficio, es fruto de una investigación realizada de manera coordinada entre la Secretaría de Comercio Interior y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

A partir de los reclamos ingresados a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor se lograron identificar maniobras reiteradas y sistemáticas por parte de las compañías que configurarían presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Asimismo, se tuvieron en cuenta las presentaciones remitidas por la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo) del Ministerio Público Fiscal y de distintas asociaciones de consumidores.

Entre las prácticas denunciadas se pudieron observar errores o falta de respuestas ante la verificación de los medidores, falta de información ante impugnaciones y sobre las verificaciones que supuestamente llevaron a cabo. La imputación se basó en la presunta infracción a los artículos 4, 8 bis, 19 y 29 de la Ley de Defensa del Consumidor, un incumplimiento con el deber de información y de respuesta a los reclamos en el plazo establecido en la norma y porque, aun cuando respondieron, la información suministrada resultó insuficiente.

«La falta de información por parte de las empresas habría puesto en evidencia su indiferencia hacia los usuarios quienes, sin duda, vieron alterados sus derechos», explicó el área que conduce Paula Español. Tras la imputación, Edesur y Edenor cuentan con un plazo de cinco días hábiles para realizar el correspondiente descargo y son pasibles de multas que pueden llegar hasta los $ 5 millones.