Imputan al BBVA en España en un caso de espionaje empresarial

La Fiscalía Anticorrupción española pidió la imputación como «persona jurídica» del banco BBVA -el segundo de ese país y cuarto en Argentina, donde hasta hace un mes se presentaba como BBVA Francés- por su presunta implicación en un caso de escuchas ilegales en el marco de una oferta de compra de acciones de la entidad. El caso se inscribe en el marco de un escándalo institucional que ya llevó a la cárcel a un excomisario de la Policía Judicial que armó una empresa que se encargaba de vigilar y extorsionar a personalidades del mundo económico, judicial y político y que utilizó a la prensa como vehículo para concretar sus objetivos. Cualquier similitud con algún hecho acaecido en Argentina es mera coincidencia.

El ministerio público atribuye a la entidad financiera los delitos de «cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios», según el comunicado del fiscal, presentado ante el juez Juan Manuel Castellón.

El caso se registró desde el 2004, cuando el grupo Sacyr, cuya mayoría accionaria pertenece a la familia Carceller -una de las más ricas de España y con una fortuna en su origen vinculada al franquismo- y que también tuvo acciones en Repsol YPF, había iniciado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil para ingresar al BBVA, una banca cuyos orígenes se remontan a 1857 en Bilbao.

Se denomina «OPA hostil» a una oferta a precio superior al de la bolsa para la compra de la mayoría accionaria de una sociedad, y que se realiza cuando los inversores estiman que el valor bursátil está por debajo del valor de mercado de sus activos.Es hostil porque desafía la voluntad de sus directivos, que en estos casos recomiendan oexigen desistir de la venta para no perder el control de la compañía.

Es lo que ocurrió en este caso. Hasta el 2017 hubo una disputa por el interés de Sacyr en tomar el control de BBVA. Los directivos del banco rechazaban la OPA y según la presentación de la fiscalía, aplicaron todas las medidas lícitas para hacerlo, pero también muchas medidas no tan limpias. Entre ellas, haber contratado a la mercantil CENYT, empresa en la que participaba el ex comisario José Manuel Villarejo, para que hiciera «servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito» destinados a bloquear la transacción.

Villarejo tiene 67 años y fue en su momento el policía estrella de la democracia española. Participó en la lucha contra la ETA y recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco hasta que pasó a la actividad privada en 1983 cuando integraba el equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid . Desde entonces llegó a acumular una fortuna como titular de al menos 46 empresas, entre las que destaca una agencia de detectives y un bufete de abogados.

En 1993, de acuerdo a los registros oficiales, ingresó como agente encubierto de la Secretaría de Estado de Interior. Desde allí trabó relación con jueces y periodistas y a su accionar se debe la revelación de muchos de los escándalos políticos más grandes de España, pero también las mayores operaciones de prensa contra opositores al régimen en lo que se dio en llamar «las cloacas del Estado».Hay que decir que trabajó para ministros de Interior de gobiernos del PSOE tanto como del PP, que en eso nadie hizo distingos.

Cuando cayó en desgracia, en 2017, no dudo en filtrar chanchullos del rey Juan Carlos que finalmente lo desacreditaron de tal forma que se vio obligado a abdicar. El 3 de noviembre de ese año, Villarejo fue detenido tras una denuncia conveniente anónima que resultó ser de un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español.

Durante años, el empresario-expolicía grabó sus conversaciones con dirigentes políticos, autoridades judiciales y empresarios y las usó para chantajearlos. Según una de sus víctimas, la ministra de Justicia del actual gobierno, Dolores Delgado, acumuló el equivalente a «tres meses de emisiones de radio ininterrumpidas».

El BBVA, al decir de la fiscalía, habría contratado a Villarejo para espiar a inversores, periodistas y dirigentes políticos con la intención de impedir que Sacyr cumpliera su propósito de quedarse con el banco. Lo que fue logrado, aunque entre otras razones porque la propia Sacyr fue afectada por la crisis económica y tuvo que renegociar su propia deuda.

En enero, BBVA abrió una investigación interna y aseguró que «no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas». Pero el escándalo fue creciendo y a principios de julio nueve directivos del banco resultaron imputados por los delitos de «cohecho activo y revelación de secretos» .

Francisco González -presidente de la entidad entre 2000 y 2018, tras la fusión del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria, la caja estatal privatizada en 1996, que dio lugar al actual BBVA- tuvo que renunciar a principios de 2019 de todos sus cargos, incluidos los honoríficos, para no comprometer más a la imagen del banco.

Pero ahora el BBVA es imputado por la fiscalía como persona jurídica. Habrá que ver qué decide el juez.