Imputaron a los periodistas que investigaron el máster trucho de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes apuntaba para ser la sucesora de Mariano Rajoy en el Partido Popular y en el gobierno español. Pero de pronto una cadena de sucesos inesperados se llevó su futuro político por la alcantarilla. Fue el 21 de marzo pasado, cuando el portal eldiario.es publicó una investigación que reveló que el máster del que hizo gala para presentarse a elecciones, otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), era falsificado. Todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid pero esa noticia, corroborada por pruebas incontrastables en ese medio sostenido por sus lectores, fue el comienzo de su final. Que se produjo algunas semanas más tarde, cuando otro portal difundió un video que la muestra intentando llevarse unas cremas antiarrugas sin pagar de un supermercado. El 25 de abril tuvo que presentar la renuncia y en cierto modo ese paso adelantó la caída de Rajoy y del PP del gobierno español. 

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Luego de semejante porrazo Cifuentes anunció su retiro de la política – hay lugares de los que es difícil volver-  pero no se quedó quieta y se dedicó a elaborar una estrategia judicial para asediar a quienes habían expuesto sus miserias. Y encontraron un argucia que promete traer cola. Así es que interpuso una demanda en un juzgado madrileño por el delito de «descubrimiento de secretos».

La citación es para el 28 de junio y los imputados son Ignacio Escolar, director del medio, y Raquel Ejerique, editora de Política Social de eldiario.es. El juez Pedro Antonio Domínguez también citó a Salvador Perelló, profesor de la URJC, porque en la cobertura del caso que hicieron otros medios, como el diario El Mundo, lo sindican como el que filtró la información inicial.

En una columna editorial, Escolar -quien fuera director y fundador del desaparecido diario Público, vinculado en su momento al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- argumentó que están querellados «por contar la verdad». Y recuerda que de acuerdo al Código Penal, la figura con la que se los persigue, implica una condena de hasta siete años de cárcel.

«Aún no tenemos la querella, nos la entregarán el jueves, pero sí sabemos quién, cuándo y por qué la presentó -dice Escolar- fue Cristina Cifuentes, hace dos meses, para tapar su responsabilidad. Es uno de los dos procesos penales que la expresidenta de Madrid inició contra eldiario.es por contar la verdad sobre el máster que la URJC le regaló».

Luego aclara que como periodistas van a proteger a las fuentes de la que partió la investigación inicial, la que luego fue comprobada en un trabajo de investigación que incluyó la verificación de firmas en los documentos del máster por un perito caligráfico. «No contaremos jamás si realmente  (el profesor universitario) fue una de las muchas personas que nos pasaron información porque nunca revelamos nuestras fuentes; solía ser una regla sagrada para toda la prensa y para el diario.es aún lo es».

En su cuenta de twitter, Ejerique explicó que se acababa de anoticiar de la imputación «tras destapar el Caso Cifuentes», y agrega: «Lo volvería hacer y ojalá esta apasionante profesión me vuelva a poner delante la ocasión de hacerlo».

El hecho, que mereció una cobertura de Tiempo, desató en su momento una primera respuesta de la URJC argumentando que no había evidencias sobre irregularidades en el título de Cifuentes.

Pero como los otros medios de comunicación españoles fueron hurgando en la novedad, las autoridades universitarias ordenaron una investigación interna que devino en una presentación ante la Fiscalía de Móstoles, el distrito madrileño donde se ubica la URJC. Dos días antes de que los periodistas deban comparecer, lo tendrá que hacer su acusadora ante otro juzgado, el que lleva la causa por la presunta falsificación del título.

La Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, por la que los tres imputados son llevados ante el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, establece penalidades por delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio. Y específicamente condena al que «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación». También al que ceda esos datos a terceros.

Cifuentes dice que fue a la justicia para lavar su nombre y honor de lo que asegura es una calumnia. Pero la citación a un profesor indica que no solo va por los periodistas sino por quienes podrían haber hecho la revelación que destapó el escándalo. Para que como integrantes de cualquier colectivo público guarden silencio ante las consecuencias que podrían acarrearles sus actos de rebeldía ética.  Pero el caso promete continuar por lo que implica para el periodismo en general y para la democracia en una sociedad moderna.