Incendios: dudas sobre la Justicia porque no avanza sobre el gobierno de Chubut

La Justicia de Chubut espera analizar en los próximos días el contenido de los teléfonos secuestrados en el marco de la investigación judicial de los incendios ocurridos en los últimos días en la comarca andina. Mientras los investigadores buscan dar con un culpable, en la zona hay quienes advierten la aplicación, una vez más, de un accionar contra integrantes de la comunidad para no poner el foco sobre las responsabilidades del propio gobierno provincial.

Más de 20.000 hectáreas se quemaron en los incendios que tuvieron lugar la semana pasada en la zona que une Puerto Patriada con El Hoyo, al noroeste de la provincia. Una vez más, el fuego arrasó con todo lo que tuvo adelante: bosques frondosos, animales y viviendas de los habitantes de la zona, que en muchos casos pudieron hacerse de algunas de sus pertenencias y huir antes de la llegada de los focos, pero muchos se quedaron sin nada.

Mientras la zona ardía y los brigadistas trabajaban a destajo para controlar la situación, en la Justicia, la política y los medios masivos se replicaban hipótesis, no sin algunas dosis de punitivismo y prejuicios.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, llegó a decir en el programa de Jorge Fontevecchia que los incendios fueron producidos por personas que quieren más tierras y «ojalá que no sea para traer más gente del Conurbano para tomar tierras, como pasó en 2021 en Lago Puelo». El summum fue cuando el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva y bajo la sombra de Patricia Bullrich, apuntó a «grupos terroristas autodenominados mapuches». Y hasta al propio fiscal le pareció descabellado. «Nada más alejado de la realidad», dijo Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación.

Sin embargo, la hipótesis que vincula a integrantes de la comunidad mapuche no fue descartada. De hecho, fuentes judiciales le ratificaron a Tiempo que la línea de investigación más fuerte hasta el momento es la que habla de un conflicto interno entre integrantes de la comunidad Pulgar Huentuquidel. Es por eso que a mediados de semana allanaron a una mujer llamada Rocío Brizuela, oriunda de Pergamino, que vive y trabaja hace dos años en la zona, y a otras dos personas que frecuenta.

Pero hay unos puntos que son llamativos en torno a esa hipótesis. En conferencia de prensa, el fiscal contó que surgió a partir de unas personas que se presentaron espontáneamente en la fiscalía. Según dijo, pidieron que se preserve su identidad y declararon haber visto movimientos sospechosos de quienes serían Brizuela y su pareja en los inicios del incendio. Esos movimientos supuestamente fueron cotejados con cámaras de seguridad.

Cuando fueron a buscar información sobre la mujer, encontraron una causa judicial por un conflicto en la mencionada comunidad, y ahí se dispararon las órdenes de allanamiento y secuestro. Al cierre de esta nota, los dispositivos incautados todavía no habían sido analizados por la Justicia.

En C5N, Brizuela admitió la existencia de ese conflicto, pero rechazó enfáticamente que eso esté relacionado con el origen del incendio. «De ningún modo voy a andar haciendo daño a mis animales y mis cosas», dijo. Mientras daba la entrevista, el fondo gris daba muestra del paso del incendio en el lugar donde vive. La mujer trabaja como jornalera en un complejo turístico de la zona donde, averiguó este medio, les cuesta creer que haya tenido algo que ver con el hecho.

Otro punto que llama la atención es que «hay varias líneas de investigación», según planteó el fiscal Díaz Mayer. Curiosamente, nada se sabe de esas otras líneas. Cuando Tiempo insistió en ese punto, en la Justicia evitaron dar detalles. «Son otras líneas que se están barajando y analizando», respondieron.

«Llama mucho la atención que sólo se conozca una de las varias líneas de investigación que el fiscal dice tener. Está claro que estamos ante una búsqueda de culpabilización de la comunidad mapuche a partir del conflicto interno en la Lof Pulgar Huentuquidel, que existe, pero es muy descabellado pensar que es la causa del incendio», le dijo a este medio Nelson Ávalos, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la región noroeste de Chubut.

En ese marco, el referente puso énfasis sobre otro aspecto llamativo que también fue mencionado por habitantes de la zona a los que consultó Tiempo: la falta de prevención del gobierno provincial.

«Acá hay una situación de la que no se está hablando y es la falta de medidas para prevenir los incendios, que se dieron en una zona que tiene una gran plantación de pinos. Los pinos son un problema porque son árboles altamente inflamables y la Secretaría de Bosques es la encargada de hacer el mantenimiento pero no lo hace. Lo mismo pasa con el mantenimiento de las líneas eléctricas de la zona», advirtió.

Si bien a nivel discursivo las autoridades no han ponderado ese factor, los lugareños no dudan que eso forma parte de una cadena de situaciones que hicieron propicio el avance del fuego, sin dejar de lado el contexto de sequía del lugar. Pese a eso, en la Justicia aseguraron que sí se considera esa situación en el marco de la investigación.

Mientras tanto, una vez que se analice el contenido de los teléfonos, se espera que se defina la situación procesal de la mujer señalada, sobre la cual -de momento- no se ordenaron nuevas medidas. Tras los allanamientos, la mujer se entrevistó con personal de la Defensoría Pública de la provincia, que habría tomado su defensa.