Inflación, déficit y evitar mayor crisis social, los gatillos del gobierno para pedir un perdón del FMI

A fines de julio, cuando Cristine Lagarde pisó Buenos Aires para participar de una reunión de ministros de Finanzas del G-20, el entorno del presidente Mauricio Macri comenzó a evaluar la posibilidad de recurrir a un “perdón” ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el incumplimiento de las metas acordadas por la administración de Cambiemos.

Treinta días después, la posibilidad sigue en pie, pero con una cuenta regresiva desdoblada. Antes de reordenar las cartas con el FMI, el Ejecutivo deberá pasar una prueba que definirá la intensidad del futuro perdón: obtener la aprobación del presupuesto nacional del año que viene con una reducción del déficit fiscal al 1,3% del PBI, tal como fue acordado con el organismo. Por esa razón, se avecinan tres semanas clave para la Casa Rosada. El 15 de septiembre vence el plazo anual para que el Ejecutivo presente el plan de cuentas nacionales del año próximo, y los negociadores del Gobierno todavía no cerraron un borrador sin malheridos en las provincias.

Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron a este diario que la atención del Gobierno, y también del organismo internacional, están puestas en el cierre de ese poroteo. “Mientras avanza la negociación con los gobernadores, no creemos que el waiver sea necesario, pero no lo descartamos, porque no sabemos qué puede pasar a nivel internacional. Por ahora no creemos que tengamos que recurrir a ese perdón y no lo estamos cocinando en este momento, especialmente porque confiamos que la inflación no superará el 32%, como acordamos con el Fondo, aunque es un tema del Banco Central”, contestó a Tiempo una alta fuente del Ministerio de Hacienda, conducido por Nicolás Dujovne.

“Nosotros tenemos dos caminos. Por un lado la negociación por el presupuesto, que está muy encaminada. Si bien quedan reuniones por delante, creemos que estamos avanzando bien. No creemos que tengamos una foto con todos los gobernadores, pero luego de un trabajo legislativo estamos convencidos que va a salir el presupuesto”, aseguraron desde la jefatura del equipo económico. Aunque la expectativa de la «foto de familia» con todos los caciques provinciales quedó enterrada, los negociadores del ministerio de Hacienda y de Interior, afrontarán un frente separado. El primero con los mandatarios peronistas, que ahora unificaron sus posiciones ante la intensidad del ajuste, y con los propios: un quinteto compartido entre la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, además de Mendoza, Jujuy y Corrientes.

Inflación y cláusula social

La pieza que profundizó la zozobra de los gobernadores es la inflación, que podría llegar al 34%, dos puntos por encima del techo acordado con el FMI. En Hacienda sostienen que esa previsión impuesta por el organismo es el principal obstáculo para llegar al 32%, por dos temas determinantes: la utilización de divisas para desarmar las Letras del Banco Central (LeBaC) y la imposibilidad de utilizar el dinero prestado por el Fondo para afrontar una nueva estampida del dólar. Aún así, un sector del Gobierno reconoce en reserva que la inflación podría superar el 32% anual, y los que mantienen la negociación con el Fondo aseguran que eso no sucederá.

El acuerdo tiene una cláusula especial, que permitiría relajar alguna meta de cumplimiento del déficit ante las consecuencias sociales del ajuste, que le permitiría al Gobierno contar con recursos extra para incrementar recursos de ayuda social. Un punto que también forma parte de las opciones que baraja el Ejecutivo para transitar el próximo semestre, es decir, la etapa de fin de año y comienzo del 2019, en la que comenzarán a sentirse con mucha más fuerza las consecuencias de la inflación, el aumento de tarifas de servicios públicos y la caída del poder adquisitivo y el empleo.

Con esa pinza de argumentos, y preocupaciones, en la Casa Rosada se muestran confiados de obtener un «waiver», que implicaría suprimir el cumplimiento de alguna de las pautas acordadas con el FMI sin que eso ponga en riesgo todo el pacto de endeudamiento. La gran incógnita, que el entorno de Dujovne guarda bajo siete llaves, es cuándo activarán los recursos para tocar el botón rojo del perdón y qué deberán conceder a cambio.