Informe anual de la CPM sobre instituciones de encierro, justicia penal y brutalidad policial

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió su decimoctavo informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, brutalidad policial, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires. El trabajo ratifica todas las denuncias que el organismo viene realizando continuamente sobre muertes, torturas y malos tratos.

“En el presente trabajo señalamos algunos indicadores positivos respecto a los informes de otros años, como ser, hubo una pequeña disminución de muertes en instituciones de salud mental, comisarías, cárceles y un leve descenso de la sobrepoblación en cárceles y comisarías”, reconoció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Casos de tortura

Sin embargo, en las instituciones de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios más desfavorecidos, «la tortura sigue siendo una práctica sistemática, relevamos más de 54 mil casos y además creció la letalidad policial en las calles”, aseguró el secretario ejecutivo.

“Desde hace más de veinticinco años la política criminal está sobre las bases del punitivismo y la policía procede con detenciones de jóvenes que no están vinculados con los delitos que se les imputan. Esto no resuelve los problemas de seguridad y genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las personas más vulnerables de la sociedad”, aseveró Cipriano.

Niñez y adolescencia

“Las políticas de niñez y adolescencia no dan las respuestas necesarias pese a la crítica situación de las infancias y las juventudes. El Estado provincial sigue incumpliendo Leyes vigentes, entre ellas, el pleno funcionamiento de la policía judicial, la creación de fiscalías especializadas para investigar hechos de violencia institucional y tampoco consagra la autonomía de la defensa pública”, reclamó el abogado.

“Como sociedad, estamos atravesando un profundo proceso de deterioro de las condiciones de vida de la población en su conjunto, producto de la crisis política-económica protagonizada por el gobierno nacional. Además, están latentes los renovados discursos punitivistas y la posible sanción de Leyes que son totalmente regresivas”, advirtió el secretario ejecutivo.

“Los avances que consideramos positivos en el presente informe no logran abordar los problemas estructurales que provocan las condiciones de vulneración de los Derechos Humanos de las personas más pobres de la sociedad y de quienes padecen el encierro como castigo. A quienes consideramos, el último eslabón de la cadena delictiva que funciona sistemáticamente; son perseguidos por el sistema penal y víctimas de la violencia institucional”, remarcó Cipriano.

Recomendación al Estado Provincial

“El sistema penal y de encierro son históricamente injusto y crueles. Pero tenemos que luchar entre todos contra las desigualdades que existen en la sociedad, a pesar de que la pobreza crece continuamente. Nosotros sostenemos que debemos crear una política criminal desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Es por eso que debemos cambiar la dirección que vienen manteniendo todos los gobiernos que pasaron en los últimos veinticinco a años”, subrayó el secretario ejecutivo.

“Recomendamos al Estado provincial que debería trabajar para producir un cambio profundo, por eso -como todos los años- le vamos a entregar el informe que hicimos al gobernador. También se lo vamos a enviar a sus ministros, legisladores y funcionarios judiciales. Lo haremos en calidad de brindar un aporte a la discusión de políticas públicas que permitan revertir la histórica situación de degradación humana que existe sobre estas personas”, finalizó.

Podés leer el informe completo en este link.