El informe final de la alta comisionada de la ONU para los DD HH fue muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, aunque reconoció que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país y que se debe "dar una oportunidad" al gobierno para poder hacer reformas.
El informe indica que desde 2018, cerca de 7000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de «resistencia a la autoridad», según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Esta cifra es «extremadamente elevada», según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los Derechos Humanos.
En el documento, Bachelet pide a Caracas «disolver las FAES», un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un «mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad».
Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro Castillo reconoció las «debilidades» del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido «desviaciones puntuales». Pero Caracas «rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», agregó. También defendió la acción del gobierno ante los «serios riesgos» para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como «planes de golpe de Estado» y amenazas de una «intervención militar extranjera» lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno se apresuró a opinar sobre el informe de Bachelet.
«Ilustra la profundidad de la desesperación y de la crisis humanitaria en Venezuela», dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado, en el que destacó que se «confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano». «
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