Ingresan al Congreso seis proyectos de ley que buscan regular el teletrabajo

Impulsada por la pandemia de coronavirus, la regulación del teletrabajo entró en la mira del Congreso. De marzo a la fecha entraron en comisiones de Diputados y Senadores seis proyectos de ley. Tienen varios aspectos en común: intentan contemplar las necesidades de los empleados y los empleadores, y comparten omisiones y miradas que podrían ir en detrimento de los derechos laborales.

Todos se enmarcan dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que otorgan a los teletrabajadores los mismos derechos que a los demás empleados, al tiempo que las condiciones particulares de cada actividad económica se regirían por los convenios colectivos.

Senado

En el Senado hay tres proyectos, uno de la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos), de “promoción y difusión del trabajo a distancia”. La senadora por Buenos Aires Gladys González (PRO) presentó otro similar. En tanto, el senador por La Pampa Daniel Lovera (FdT) se enfocó en el derecho a desconectarse.

Los proyectos de Larraburu y de González coinciden en garantizar la “igualdad de trato”, la “voluntariedad” y la “reversibilidad”. La voluntariedad implica que ninguna de las partes puede forzar a la otra a aceptar el teletrabajo. La reversibilidad apunta que, si la labor original era presencial, se puede volver a la misma por decisión unilateral.

Otros puntos en común son el derecho a la privacidad y a la intimidad del trabajador, y el del empleador a fiscalizar a través de visitas periódicas al domicilio. También coinciden en que el “trabajador distribuya libremente su jornada”, que el empleador provea de equipamiento a menos que se acuerde lo contrario, que el trabajador es responsable de custodiar los equipos y que el costeo de los gastos debe ser acordado entre las partes.

El proyecto de González coloca un punto innovador: en caso de tener o adoptar un hijo, cualquier trabajador podría realizar su tarea en modo teletrabajo durante los primeros 12 meses de vida del bebé.

Ambos proyectos colocan a la autoridad de aplicación como responsable de velar el cumplimiento por parte de las empresas y de las sanciones en caso contrario.

Los proyectos permiten acuerdos entre el trabajador y el empleador. Según el abogado laboralista Guillermo Gianibelli, esta es una de las lógicas más peligrosas. “Las condiciones de trabajo cambian sustancialmente. Se elimina la dimensión colectiva que la presencia en el lugar de trabajo confiere”, por lo cual el trabajador se encuentra más desprotegido a la hora de negociar en solitario con la empresa. En ese sentido, estos proyectos “están centrados en una consideración individual de la relación, sin atender a que la desigualdad propia del contrato de trabajo se hace más intensa ante la ausencia del contrapoder sindical y que los eventuales resguardos legislativos difícilmente tengan correlato en efectividad al interior de dicha modalidad”, explicó Gianibelli.

La misma consideración tuvo el letrado con respecto a los elementos de voluntariedad y de reversibilidad: “En la práctica, se convierten en ilusorios y vacíos, sobre todo ante la inestabilidad propia de la relación de trabajo y el estado de necesidad con que se expresa de parte del trabajador”.

El proyecto del senador Lovera, en cambio, establece “el derecho a desconectarse” fuera de la jornada laboral. Por tanto, “no podrá ser sancionado por hacer uso del derecho a desconectarse, ni premiado por no hacerlo”. En los fundamentos, Lovera coloca como precedentes a leyes similares en países como Francia, Italia y España.

Diputados

Los tres proyectos se presentaron en apenas cuatro días, entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Una docena de diputados del PRO se montaron al proyecto de la diputada María Carla Piccolomini, que también comparte génesis con los presentados en el Senado, aunque con algunos matices.

Álvaro de Lamadrid, diputado de la UCR, presentó otro de similares características, aunque otorgó al empleador el peso de las decisiones importantes. Por ejemplo, “el empleador puede, por razones debidamente fundadas, cambiar la modalidad de la prestación y servicio laboral a la de teletrabajo”.

Darío Martínez, del Frente de Todos, presentó el tercero, que tiene como plataforma la ley provincial de Neuquén aprobada en 2013 para los trabajadores públicos. Esa ley no difiere mucho de las anteriormente descriptas, aunque sí es tajante en que los gastos corran por parte del empleador.

Las herramientas de trabajo son esenciales para cualquier actividad y es ahí donde los proyectos tienen diferencias, aunque todos en principio colocan la carga sobre el empleador, al tiempo que dejan abierta la posibilidad de que sea el empleado quien los suministre, de común acuerdo. Al respecto, Gianibelli apuntó: “Más allá de algunos intentos de regulación legal que siempre son bienvenidos, en tanto garantías de cumplimiento de los derechos generales y específicos en juego, lo más importante es que la regulación sea de fuente colectiva y con control estricto para su aseguramiento por parte del sindicato”.

En la actualidad, el teletrabajo se regula por medio de la Resolución 1552/2012, que garantiza los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo y dispone que el empleador debe proveer las herramientas de trabajo, una silla ergonómica, un matafuego, un botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para el mouse y un manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en Teletrabajo. Ninguno de los nuevos proyectos establece este tipo de condiciones.