Es por la falta de pago de bonos que vencieron en abril de 2020. Desde entonces, las negociaciones para canjearlos continúan estancadas. El Grupo Ad Hoc y el gobierno provincial cruzan acusaciones.
En el comunicado que dieron a conocer este martes señalan que “la Provincia dejó de realizar los pagos programados por los bonos en abril de 2020”. Además remarcan que desde entonces, “en lugar de buscar una solución, los funcionarios provinciales han optado repetidamente por extender el plazo de aceptación de una oferta de reestructuración fallida y desconectada de la real capacidad financiera de la Provincia”. Por eso, dicen, quedaron “sin más opción que ejercer acciones contractuales a su alcance a través de los tribunales de Nueva York” para atender los deberes fiduciarios con sus propios inversores.
La nota revela que hace algunas semanas se abrió un canal de contacto reservado entre las autoridades provinciales y el GoldenTree Asset Management, uno de los fondos con mayores acreencias. Sin embargo, dice que los términos de la renegociación propuesta “fueron rechazados por GoldenTree y el Comité Directivo y permanecen muy alejados de los términos que los bonistas internacionales de la Provincia considerarían aceptables”.
La propuesta de canje
A comienzos del año pasado, el gobernador Axel Kicillof lanzó un llamado a reestructurar los bonos en moneda extranjera emitidos por la Provincia por un total de U$S 7.148 millones, en línea con un proceso similar que encaró la Nación. Esto implicaba dilatar los pagos de capital (los cuales implicaban cancelaciones por U$S 5.500 millones entre 2021 y 2025) y menores tasas de interés. Sin embargo las negociaciones nunca progresaron y las autoridades prorrogaron una y otra vez el plazo límite para aceptar el canje de títulos propuesto.
El fin de semana, el gobierno bonaerense emitió una declaración. En ella sostuvo que en las conversaciones efectuadas hasta ese momento “la Provincia expuso las restricciones fiscales y las limitaciones a nivel macroeconómico, como condicionantes para evaluar las posibilidades de pago de los servicios de deuda”. También culpó a los acreedores de que sus contrapropuestas “exponían a la Provincia a incumplimientos futuros, poniendo en riesgo la sostenibilidad a nivel agregado y el propio interés del conjunto de acreedores provinciales”.
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