El 29,7% de los hogares alquilados se encuentra en “emergencia habitacional”. La cifra surge de un estudio basado en la encuesta nacional de Inquilinos Agrupados. ¿Qué significa eso? Que esas unidades habitacionales “acumulan al mismo tiempo sobrecarga del alquiler, deudas, mora y/o mudanzas forzosas”. Esto último implica posibilidad fehaciente de desalojo, algo que el gobierno se propone reforzar facilitando condiciones para expulsar inquilinos de sus hogares con la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.

“La situación en términos habitacionales es muchísimo más grave que hace unos años. Desde la derogación de la ley de alquileres, los precios aumentan cada tres meses, todas las cargas se fijan sobre inquilinos (expensas, impuestos, etc.), los contratos son cortos. Esto se traduce directamente en una transferencia mucho mayor de los salarios de los inquilinos hacia los dueños de las viviendas”, le dice a Tiempo Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Según esta organización, las “mudanzas forzosas” (en general, desalojos) subieron del 13,4% al 20,0% en los últimos seis meses: uno de cada cinco hogares. A su vez, la media del alquiler se estipula aproximadamente en $ 656.500, lo que quiere decir que un Salario Mínimo Vital y Móvil cubre solamente el 56%. En general el 40% de los ingresos salariales se destina al alquiler, aunque el 48% de las personas que alquila gasta más del 50%.

A su vez, el 72,9% de las personas que alquilan se encuentran endeudadas: un máximo histórico. El 55% contrajo deuda para comprar comida mientras que el 37% lo hizo, de hecho, para poder afrontar el pago del alquiler. El estudio marca que las situaciones son distintas según la región del país. “El endeudamiento es mayor en las provincias: 80,5% en el Resto del país y 78,5% en PBA, frente al 64,1% de CABA”, agrega. Cada inquilino necesita de más trabajo para poder hacer frente a sus gastos: mientras que en marzo el 26,3% de ellos ha buscado otro trabajo durante el año, esa cifra sube a 32,9% en junio.

El gobierno nacional buscó instalar la idea de que, con la baja de las regulaciones, el precio había caído. Según un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la variación interanual en de los alquileres en la Capital Federal es de 25%, 25% y 31,3% en 1, 2 y 3 ambientes, respectivamente. Si bien esto está un poco por debajo de la inflación interanual (33%), si se contempla todo el período de gobierno libertario las cosas cambian. Un informe del Centro RA (de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) que tomó el período diciembre 2023-febrero 2026 en la zona del Gran Buenos Aires reveló que el aumento promedio de los alquileres fue del 423% frente a un alza de precios general de 209%. En los servicios públicos continuó esta tendencia: el gas natural acumuló una suba del 766%, la energía eléctrica de un 370% y el agua de un 366%.

El estudio del CESO revela otras cuestiones de interés, tomando la región CABA. Por un lado, aparece en el estudio que el 27% de las ofertas son en dólares. También que aumentó la oferta un 26,1% con respecto a julio de 2025. En este período ya no existía la Ley de Alquileres o regulación similar (la excusa que en general se llevó las culpas del discurso oficialista), por lo que pueden estar influyendo el deterioro de la situación salarial y económica.

A su vez, del informe del CESO se desprende que “las expensas alcanzan en promedio el 23,6% del precio de oferta de un alquiler”. Sobre este asunto, Muñoz indica: “El peso de las expensas es sobre todo porque al no haber regulación las cargan todas sobre los inquilinos”.

El dirigente de Inquilinos Agrupados dio algunas directivas sobre los pasos a seguir para hacer pesar sus reclamos: “Nuestra iniciativa frente a una dirigencia que en su mayoría cree que la vivienda es un tema de mercado,  es organizar a los inquilinos y las inquilinas. Estamos construyendo el primer sindicato inquilino de Argentina”.

Desalojos

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, además de permitir el avance de la extranjerización de las tierras y modificar las condiciones para el manejo del fuego y los incendios (ver páginas 3 a 11), incorpora un capítulo que facilita los desalojos: reduce plazos, simplifica requisitos y acelera los procesos judiciales.

El gobierno nacional se dispone a impulsar los llamados «desalojos exprés». El proyecto busca habilitar procedimientos sumarísimos para recuperar inmuebles ocupados y acelerar las órdenes de restitución en los casos de «usurpación», reduciendo significativamente los trámites y procesos pertinentes.

A su vez, los inquilinos podrían ver reducido el plazo para regularizar deudas antes de enfrentar un desalojo. El oficialismo también propone eliminar protecciones para sectores considerados vulnerables y facilitar allanamientos en horas y días inhábiles, incluso autorizando la ruptura de cerraduras cuando resulte necesaria para ejecutar la orden judicial de desalojo.