
Según el sitio especializado Zonaprop, entre el 1 de marzo y el 1 de julio los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (donde se concentra gran parte de los contratos) aumentaron un 17,4% en promedio. En paralelo, las estadísticas oficiales indican que la inflación de esos cuatro meses fue del 7,3% en la Ciudad. Así, los aumentos no sólo son ilegales, sino que además están 10 puntos porcentuales por encima de la inflación. En el mismo sentido, Zonaprop advierte que en los primeros siete meses del año, los alquileres acumularon una suba de 29,3%, casi el doble que la inflación. El precio promedio de un alquiler de un departamento de 2 o 3 ambientes en CABA es de unos $ 24.500.
Según el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, “hay un incumplimiento muy importante del DNU. Y esto ocurre por la connivencia del Estado con el mercado inmobiliario, a través de una falta de control absoluta sobre el cumplimiento del decreto y de la ausencia de una campaña concientizadora, que cuente a los inquilinos cuáles son sus derechos”.
En medio de la pandemia, se aprobó también la Ley de Alquileres, que supone una serie de beneficios para los inquilinos en diversas cuestiones como garantías, pago de comisiones a cargo del propietario y aumentos de precios indexados a los ingresos. Desde el sector inmobiliario, culpan a la ley por los aumentos. “El mercado inmobiliario está decidido a voltearla. Juntos por el Cambio presentó un proyecto para volver atrás. No creo que el Congreso vote algo así durante el gobierno de Alberto Fernández, porque inclusive es peor que lo que teníamos antes, pero el mercado inmobiliario está desplegando todo su poder para hacer caer la ley”, alerta Muñoz, y agrega: “Hay muchas denuncias de inquilinos por casos de extorsión por parte de las inmobiliarias. A la hora de renovar contratos, si hiciste uso del decreto y querés firmar un contrato bajo la Ley de Alquileres, te sale mucho más caro que si lo hacés en negro”.
Otro punto importante del DNU son las deudas. El decreto contempla la posibilidad de una fuerte caída de los ingresos del inquilino, producto de la crisis sanitaria. Por tanto, prohibió los desalojos por falta de pago. Sin embargo, las deudas se acumulan y los inquilinos deberán saldarlas a partir del 30 de septiembre, en tres o seis cuotas mensuales y consecutivas. Además, muchos deberán pagar los brutales aumentos que suelen acompañar la renovación de contrato.
“Falta solo un mes para que venza el DNU y hay mucha incertidumbre y angustia, en el contexto de una pandemia y de una actitud beligerante del mercado inmobiliario”, dice Muñoz, y finaliza: “Se tiene que extender el DNU hasta marzo, con un plan de desendeudamiento del sector. Si no es una bomba de tiempo”.
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