El intendente de Ensenada apelará el martes su pedido de detención. El juez de la causa dice que no podrá ir preso mientras tanto.

Al intendente de Ensenada se le imputa haber ingresado de modo intempestivo al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense en la sesión del jueves 14 de diciembre. Lo acompañaban varios diputados de la oposición más un grupo de colaboradores suyos. Al momento de ingresar, la sesión se encontraba en cuarto intermedio: el titular del cuerpo, Manuel Mosca, no estaba en el estrado. Secco colocó sobre la tarima del presidente de la Cámara un manojo de cartuchos de Itaka de postas de goma. Los había utilizado la policía contra él y sus allegados, quienes improvisaron una suerte de escudo humano para recibir ellos los impactos.
Ese día se trataba la reforma de la ley de ministerios y cambios en las cajas previsionales, un paquete que implicaba recortes de derechos y beneficios. Antes de irrumpir en la Legislatura, Secco al que se vio desencajado había participado de una protesta sindical convocada por la CTA que terminó con una desconcentración tumultuosa, con una dura represión por parte de la guardia de infantería y la caballería de la Policía Bonaerense. El viernes 15, al día siguiente de los tumultos, desde el ministerio público dejaron trascender que la carátula que se había abierto contra Secco preveía intimidación pública y coacción agravada. Enseguida quedó claro que había interés por impulsar la causa contra él desde las máximas autoridades de la gobernación. Se mencionó a la gobernadora María Eugenia Vidal y, también, al titular del MPF, el procurador bonaerense Julio Conte-Grand. Algún legislador de Cambiemos incluso llegó a proponer que se incorporara a la carátula el delito de sedición, meneado últimamente por Mauricio Macri. En el caso comenzaron a actuar dos fiscales: Romero (titular de la UFI 6) y Juan Cruz Condomí Alcorta.
Secco desmintió algunos hechos que le atribuirían los fiscales, como haber roto una reja o resistirse a la autoridad. Dijo que no interrumpió la sesión. Su ingreso a la Legislatura estuvo facilitado porque en ese momento lo acompañaban miembros del cuerpo: diputados de Unidad Ciudadana y del FIT. El intendente responsabilizó a Vidal por intentar «armarle una causa» en el marco de una «caza de brujas» puesta en marcha por Cambiemos. También reconoció que sus modos fueron errados. «No fue la manera más elegante de denunciar la balacera pero no me agrada cómo reprimieron a la gente y cómo me agarraron a tiros», aceptó.
Sus dichos formaron parte de una rueda de prensa en el que se mostró acompañado, como gesto de respaldo, por varios jefes comunales, entre ellos Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Francisco «Paco» Durañona (San Antonio de Areco). «Están usando lo judicial como herramienta política. Tienen que seguir con los escándalos mediáticos para meter preso a un intendente o dirigente de la oposición. La gobernadora Vidal persigue a los intendentes y le molesta todo lo que no puede disciplinar», fue una de las frases de Secco ante las cámaras.
Tras el rechazo de la eximición de prisión, paradójicamente, la situación pareció empezar a descomprimirse a partir del rol de algunos mediadores. Entre ellos no faltó algún intendente de buena relación no por afinidad política, pero sí familiar o por lazos afectivos con funcionarios de Vidal. En el entorno de Secco resolvieron levantar todas las entrevistas que tenían pautadas con la prensa. Cerca del intendente aseguran que en la causa no se incorporó el delito de coacción agravada, la figura penal más grave. «Si a Mario (Secco) lo imputaran por coacción agravada o por sedición tendría una pena más grande que alguien que se levantó contra la democracia, como (Aldo) Rico», ejemplificó el secretario de prensa de Ensenada, Enrique Muiños, en diálogo con este diario. Según lo que pudo saber Tiempo, entre las partes involucradas habría algún consenso en que la imputación de coacción agravada no se condice con lo que sucedió el jueves 14. «
Noble expone a la Cámara Federal
El ex secretario de Interpol, el estadounidense Ronald Noble, especialista en ciberseguridad, volvió a utilizar su cuenta oficial de Twitter para cuestionar las novedades en la causa judicial por el supuesto encubrimiento al atentado a la AMIA. Ayer criticó el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, porque los dos camaristas concidieron con un criterio del juez Claudio Bonadio al no tomar en cuenta un correo electrónico enviado por Noble al ex canciller Héctor Timerman el 15 de enero de 2015 en el que el estadounidense aseguraba que la Argentina nunca había pedido que se levantaran las alertas rojas (pedidos de captura internacional) que pesan sobre los iraníes imputados por el atentado. La Cámara Federal dice ahora equivocadamente que Noble no escribió ese mail. ¿Por qué? Porque el correo electrónico veraz de Noble destruye el caso de Bonadio, tuiteó Noble. Lo más llamativo de todo este caso es que ni Bonadio ni Irurzun y Farah aceptan citar a declarar como testigo a alguien que fue protagonista clave y que se ofrece voluntariamente a declarar.
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