Tras dos años de investigación, la Policía Federal acusó al expresidente y a 36 personas de su entorno de formar una "organización criminal" para evitar en 2022 la asunción del líder del PT y dar un golpe de Estado.
Después de casi dos años de trabajo, la Policía Federal (PF) finalizó su investigación sobre los autores intelectuales del intento de golpe, a los que acusó de formar «una organización criminal que actuó de forma coordinada en la tentativa de mantener al entonces presidente (Bolsonaro) en el poder», pese a haber perdido las elecciones. Son más de 800 páginas con detalles de reuniones, mensajes, llamadas, allanamientos y testimonios que prueban cómo la asonada golpista callejera fue precedida por varios meses de conspiración en oficinas y cuarteles. Señala como principal responsable al exmandatario que podría enfrentar una pena de hasta 28 años.
La investigación policial sugiere abrir un proceso judicial contra Bolsonaro y otras 36 personas por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”.
Entre los acusados hay militares de alto rango y figuras destacadas del gobierno de Bolsonaro, como el general Walter Braga Netto, exministro de la Presidencia y de Defensa y luego su compañero de fórmula; el general Augusto Heleno, exministro de Seguridad; Anderson Torres, exministro de Justicia; y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro. También el empresario argentino Fernando Cerimedo, asesor de campaña de Javier Milei (ver recuadro).
Los detalles de la trama
Según el informe policial, el plan se estructuró en cinco núcleos dedicados a: difundir noticias falsas, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas, ejecutar acciones golpistas y realizar labores de inteligencia. Bolsonaro conocía de modo transversal todas las instancias pero “actuó directamente” en el núcleo responsable de desinformación contra el sistema electoral. “Sus órdenes impregnaron todos los núcleos organizativos”, señala la investigación.
El capítulo más siniestro del plan es el que contemplaba asesinar a Lula. “Para ejecutar al presidente Lula, la investigación describe, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital, la posibilidad de utilizar veneno o productos químicos para provocar un colapso orgánico”, detalla el comunicado policial.
Los pormenores de la operación, autodenominada “Puñal verde y amarillo”, fueron discutidos en noviembre de 2022 —13 días después de la victoria de Lula— en la casa del general Braga Netto y también contemplaba matar al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. El documento del plan fue impreso en el Palacio del Planalto (sede de la presidencia) mientras Bolsonaro se encontraba allí, siempre según el expediente policial.
La principal hipótesis es que el golpe no fue consumado por no lograr el apoyo de los entonces comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea.
Por el operativo magnicida fueron detenidos un policía y cuatro importantes militares, entre ellos el general Mário Fernandes, ex número dos de la Secretaría General de la Presidencia, quien admitió en un audio que el expresidente estaba al tanto del plan.
Tras conocerse la conspiración frustrada, Lula agradeció por “estar vivo” y evitó escalar la confrontación: “No quiero envenenar a nadie, no quiero perseguir a nadie. Lo único que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos con números a quienes gobernaron antes que nosotros”. Por su parte, el PSOL pidió la prisión preventiva de Bolsonaro y Braga Netto. Su referente Guilherme Boulos señaló que “todo apunta a una organización golpista muy bien articulada. La detención del líder también es fundamental y urgente”.
Lo que viene
La investigación policial ya fue entregada al procurador general Paulo Gonet, quien deberá decidir en los próximos 15 días si remite o no la denuncia a la Corte Suprema. De avanzar, se prevé que el juicio comience en marzo de 2025 y el máximo tribunal dicte su fallo en el segundo semestre.
Es la tercera causa que enfrenta Bolsonaro. Las otras son por la apropiación y venta de joyas millonarias regaladas por Arabia Saudita y por fraude en los certificados de vacunación del Covid-19. Además, fue inhabilitado por la justicia electoral hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema de votación durante una reunión con embajadores.
Entre los 37 acusados por la Federal brasileña por el intento de golpe hay un solo extranjero. Se trata del empresario argentino Fernando Cerimedo, asesor comunicacional de Javier Milei y dueño del portal web La Derecha Diario.
Cerimedo trabajó en la campaña de Bolsonaro y está señalado por ser parte de la llamada “Oficina del Odio”, cuya misión era difundir noticias falsas sobre el sistema de votación para instalar la idea de un supuesto fraude que justificara un golpe.
El documento de la PF afirma que «el grupo investigado actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas”. Según O Globo, “en un live, el influencer presentó acusaciones apócrifas y falsas sobre las máquinas de votación electrónica para justificar que el candidato del PL obtuvo menos votos que Lula”.
Tras su labor en Brasil, Cerimedo fue un nexo clave entre los Bolsonaro y Milei, de quien luego fue coordinador de la estrategia digital en la campaña presidencial de 2023.
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