INTERCARGO: la infamia de privatizar lo que funciona

INTERCARGO no es una empresa inviable ni una estructura estatal quebrada. No es un peso muerto ni una carga para el Tesoro. Muy por el contrario: se trata de una empresa pública que desde mediados de los años 90 genera ganancias, produce dólares genuinos para el Estado y presta un servicio reconocido internacionalmente, elevando los estándares de seguridad operacional en los 16 aeropuertos donde opera.

Privatizar una empresa así no responde a una necesidad económica. Responde a una decisión de malvender para el negocio de pocos amigos del gobierno de Milei. Y como si fuera un chiste de mal gusto, dice que lo recaudado por la venta será para pagar la deuda externa y la compra de armas.

Una valuación escandalosa para una empresa superavitaria

Si hay un dato que sintetiza la dimensión del despropósito, es el precio al que pretenden rematar INTERCARGO: 45 millones de dólares. La cifra no solo resulta baja. Resulta escandalosa. Según informó el propio Ministerio de Economía, la empresa cerró el último año con una ganancia superior a los 20 millones de dólares. Dicho de otro modo: quien compre INTERCARGO podría recuperar su inversión en apenas dos años. En cualquier análisis serio, eso no es una venta razonable. Es una liquidación. Una transferencia a precio vil de una empresa pública estratégica, rentable y consolidada.

Lo más grave es que, pese a la centralidad de este punto, el Gobierno no ha hecho público el informe de valuación. A pesar de los reiterados pedidos realizados por nuestro sindicato APA, la información fue negada de manera sistemática. Esa opacidad no es una falla secundaria: es parte central del problema. Porque cuando se decide desprenderse de un activo estratégico del Estado y se ocultan los fundamentos de su valuación, la sospecha deja de ser una interpretación y se convierte en una consecuencia lógica.

Sin protección laboral y con vía libre para el ajuste

El pliego no solo es grave por lo que dice. También lo es por lo que omite. Uno de los puntos más alarmantes es la ausencia de cláusulas de protección para las y los trabajadores, a pesar de que existe una obligación legal de contemplarlas en procesos de privatización. No se trata de un olvido técnico ni de una omisión menor. Se trata de una decisión deliberada: liberar al futuro comprador de compromisos concretos en materia de continuidad laboral, estabilidad y preservación de puestos de trabajo.

Esto significa que, desde el primer día, el nuevo operador podría despedir personal, reestructurar áreas, cerrar escalas completas y modificar condiciones de trabajo con una facilidad alarmante. Lo que está en juego no son solo balances o activos. Lo que está en juego es la estabilidad laboral de 1.500 familias, el valor de una tarea altamente especializada y la continuidad de un servicio altamente profesionalizado en el sistema aeroportuario argentino.

El gran verso de la «modernización»

El Gobierno intenta justificar la privatización con una narrativa repetida: inversión, eficiencia, modernización. Pero basta leer el pliego para comprobar que ese discurso se derrumba por su propio peso.

Si realmente el objetivo fuera modernizar INTERCARGO, el pliego debería exigir compromisos concretos de inversión, plazos de ejecución, metas verificables y obligaciones de renovación tecnológica. Sin embargo, no hace nada de eso. El comprador no está obligado a invertir un solo dólar. Ni uno.

La contradicción es brutal. Se invoca la necesidad de modernizar, pero se habilita una venta sin exigir inversión. Se argumenta que hace falta mejorar el servicio, pero se deja abierta la posibilidad de ajustar personal y cerrar escalas. Se habla de eficiencia, pero se pretende regalar una empresa que ya es rentable.

Primero se deteriora, después se vende

El deterioro actual de los equipos de rampa y de las condiciones materiales de trabajo no es un accidente. Es parte de un método que la Argentina ya conoce demasiado bien: primero se desinvierte, luego se deja degradar el servicio, después se instala el discurso de la ineficiencia y finalmente se presenta la privatización como la única salida posible.

El libreto es viejo. Y sus consecuencias también son conocidas: pérdida de
puestos de trabajo, concentración económica, precarización laboral, deterioro del servicio y transferencia de recursos estratégicos a grupos privados que ingresan a negocios ya saneados, sin asumir el costo de invertir.

Lo que está en juego: soberanía, trabajo y modelo de país

La discusión sobre INTERCARGO excede, por mucho, el destino de una empresa. Lo que está en debate es qué país se quiere construir. INTERCARGO molesta precisamente porque desmiente uno de los grandes dogmas del discurso privatizador: que lo público, por definición, funciona mal.

INTERCARGO demuestra exactamente lo contrario. Demuestra que una empresa estatal puede prestar un servicio de calidad, generar ganancias, aportar divisas y sostener estándares operativos de relevancia internacional. Y eso, para quienes necesitan justificar el desguace, es casi una herejía.

Defender INTERCARGO es defender lo que funciona

Frente a este escenario, la resistencia no solo es legítima: es imprescindible. La acción judicial iniciada por APA apunta a denunciar las permanentes contradicciones, falsedades e irregularidades del proceso, exigir transparencia y defender los puestos de trabajo.

Porque cuando se intenta malvender una empresa pública rentable, eficiente y estratégica, lo que está en juego no es un privilegio sectorial: es el patrimonio de todos los argentinos.

Defender INTERCARGO es defender una empresa que produce valor para el país. Es defender empleo calificado. Es defender seguridad operacional. Es defender soberanía logística. Es defender, en definitiva, la idea de que el Estado no está condenado a ser un mero administrador de ruinas ni un simple facilitador de negocios a privados.

La privatización de INTERCARGO no es una decisión técnica ni una reforma orientada a mejorar el sistema aeroportuario. Es una operación política, mediática y económica de transferencia de riqueza pública hacia manos de los amigos libertarios.

Se vende barato lo que vale mucho. Se oculta lo que debería ser transparente. Se precariza a quienes sostienen el servicio todos los días. Y se intenta disfrazar de modernización lo que no es otra cosa que una nueva entrega.

No se trata de nostalgia, ni de romanticismo estatal, ni de una defensa abstracta
de “lo público”. Se trata de algo mucho más concreto: defender una empresa que
funciona. Una empresa rentable. Una empresa eficiente. Una empresa estratégica.
Privatizar INTERCARGO es una infamia al pueblo argentino.