Internas y equilibrios de la Mesa de Enlace

La Exposición se llevó a cabo entre el 16 y el 26 de julio en el predio de Palermo. En el acto inaugural, Javier Milei no anunció medidas nuevas: hizo un recuento de las decisiones tomadas desde el inicio de su gestión y ratificó el rumbo económico, con la reducción de retenciones condicionada al superávit fiscal y al crecimiento de la energía y la minería. Por primera vez, la petrolera estatal YPF ocupó el lugar de patrocinador principal de la exposición. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, pidió que la eliminación de los derechos de exportación quede establecida por ley y deje de depender de la decisión del Ejecutivo de turno.

El esquema vigente de retenciones se modificó en varias etapas. La reducción anunciada en diciembre pasado llevó la alícuota de la soja al 24%, la de trigo y cebada al 7,5%, la del maíz al 8,5% y la del girasol al 4,5%. En mayo, el Gobierno informó que trigo y cebada bajarían al 5,5% desde junio de 2026 y anticipó un cronograma gradual para la soja a partir de enero de 2027, con rebajas mensuales de entre 0,25% y 0,5% que se extenderían hasta 2028. Se trata de la cuarta reducción de derechos de exportación de la administración libertaria.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) es una entidad gremial de tercer grado fundada en 1943, integrada por federaciones y confederaciones de todo el país. A través de ellas agrupa a más de 300 sociedades rurales de base, a las que están asociados cerca de 109.000 productores. Su núcleo más antiguo es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), conformada en 1932 por sociedades rurales del interior bonaerense, donde predominaban los productores ganaderos dedicados a la cría. En sus primeros años, las confederaciones rurales sostuvieron un discurso crítico del latifundio y un reclamo por la nacionalización del comercio exportador.

Su presidente, Carlos Castagnani, evaluó el discurso presidencial en Palermo. «Fue un discurso que estaba dentro de lo que uno esperaba. Si bien no tuvo un anuncio específico, sigue reafirmando su compromiso con el sector. Uno siempre espera que haya un anuncio, pero también es bueno que no se haga si después no se va a poder cumplir», señaló. Semanas antes, al analizar la baja de retenciones, había planteado: «Este es un Gobierno que está bajando las retenciones, a pesar de que no sea al ritmo que quizás todos pretendemos». Junto a Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (Federación Agraria), CRA acompañó el pedido de acelerar la reducción impositiva y de darle rango legal.

La SRA atraviesa en paralelo una disputa interna de cara a las elecciones de septiembre. El vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, presentó una lista opositora acompañado por Santos Zuberbühler como candidato a vicepresidente, frente a la reelección de Pino. El eje del conflicto es la interpretación de la reforma estatutaria aprobada por asamblea extraordinaria el 30 de marzo de 2023, que eliminó la reelección indefinida y fijó un máximo de tres períodos consecutivos. El 19 de junio de 2025 la Inspección General de Justicia determinó que el mandato vigente (2024-2026) debe computarse como el primero a los efectos de esa limitación. La oposición también cuestionó la extensión del período de votación electrónica de 15 a 50 días, que coincide parcialmente con la realización de la muestra de Palermo.

Entre ambas entidades existe además una disputa por las bases. Dirigentes de CRA señalaron que el ateneo juvenil de la Sociedad Rural se acercó a estructuras alineadas con CARBAP para realizar actividades conjuntas y que se contactó con sociedades rurales sin estructura juvenil para crear ateneos bajo su órbita. La SRA incorporó a su Consejo Federal a rurales de base del norte bonaerense que, aun enroladas formalmente en CRA, le atribuyen mayor representatividad nacional.

Las cuatro entidades sí actuaron en conjunto frente a otra iniciativa oficial. En un comunicado firmado junto a cámaras frigoríficas, la Mesa de Enlace rechazó la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de reemplazar el aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) por un esquema voluntario. El documento sostiene que «las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA». El director de la SRA en el instituto, Carlos Odriozola, precisó que el productor paga hoy $1.180 por animal faenado.

Sobre el acceso a la tierra, el Ejecutivo impulsa dos iniciativas. El proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», con dictamen aprobado, busca modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales y eliminar los topes a la adquisición por parte de extranjeros. En paralelo, Sturzenegger elabora un anteproyecto de más de 100 artículos para derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales y trasladar los contratos al Código Civil y Comercial. Según datos de la Secretaría de Agricultura y del sistema de información agrícola de ARCA, alrededor del 70% de la superficie sembrada con trigo, maíz y soja se trabaja sobre tierras alquiladas.

Frente a esas iniciativas, la Mesa Agroalimentaria Argentina, que reúne a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, tiene presentados en el Congreso proyectos alternativos de acceso a la tierra, arrendamientos rurales y defensa del territorio campesino indígena, que aún no fueron tratados.