El gobierno de Rafael Correa anunció que acepta el petitorio de un fiscal sueco para indagar al fundador de WikiLeaks
El fiscal general de Ecuador entregó un documento en el cual acepta la petición del fiscal sueco para interrogar a Assange. El fundador de WikiLeaks, a quien la justicia sueca lo reclama por un delito sexual que él niega, está refugiado desde junio de 2012 en la embajada ecuatoriana porque teme ser entregado por las autoridades británicas a Suecia y desde allí ser extraditado a EE UU, donde podría afrontar un juicio militar por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por WikiLeaks.
Se les había ofrecido a los fiscales suecos interrogar a Assange dentro de la embajada, pero estos no estaban de acuerdo hasta que recientemente decidieron aceptar la propuesta.
El comunicado emitido en Ecuador informa que «en las próximas semanas se establecerá una fecha para las actuaciones que se celebrarán en el Reino Unido».
«Durante más de cuatro años, el gobierno de Ecuador se ha ofrecido a cooperar para facilitar el interrogatorio de Assange en la embajada de Ecuador en Londres, así como proponer otras medidas políticas y legales, con el fin de llegar a una solución satisfactoria para todas las partes involucradas para poner fin a los retrasos innecesarios en el proceso y garantizar la protección jurídica plena y efectiva», detalla el comunicado.
En línea con esta posición, Ecuador propuso a Suecia la negociación de un acuerdo de asistencia judicial mutua en materia penal, que fue firmado en diciembre pasado y que constituye el marco legal para el interrogatorio.
Según el comunicado, el procedimiento no afectó la opinión reciente del Grupo de Trabajo sobre las «Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas», que encontró que Assange fue detenido arbitrariamente. El grupo de trabajo pidió que sea liberado y se le otorgue una indemnización por la violación de sus derechos.
Asimismo, el gobierno ecuatoriano reiteró «la vigencia del asilo concedido al ciudadano australiano» y reafirmó que este gozará de «la protección del Estado ecuatoriano mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor a sufrir persecución política».
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