Investigan a 24 represores por delitos de lesa humanidad cometidos contra las infancias 

Exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comenzaron a ser indagados esta semana en el Juzgado Federal N1 de Mendoza, imputados por delitos de lesa humanidad contra las infancias cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar. 

Se trata de efectivos que pertenecieron al Departamento de Informaciones Policiales conocido como D-2, al Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y de la IV Brigada Aérea de la Fuerza Área. 

Todos están acusados de crímenes perpetrados en perjuicio de 56 niños y niñas que permanecieron a disposición del aparato represivo en operativos llevados a cabo contra sus progenitores.

Según consigna el sitio Fiscales, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, se suman a estos hechos los casos de dos niñas que son consideradas como víctimas de un operativo que se llevó a cabo durante el gobierno militar de Alejandro Lanusse y calificado como un delito de lesa humanidad.

La causa es instruida por los fiscales federales de Mendoza, Dante Vega, Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. Esta investigación sobre los delitos padecidos por las infancias durante el terrorismo de Estado puede marcar un nuevo paradigma en materia de juzgamiento de los crímenes llevados a cabo en los tiempos de la represión ilegal en Argentina.

“Creemos que con esta causa podemos abrir una nueva etapa en materia de lesa humanidad como sucedió con las investigaciones sobre complicidad civil o los delitos sexuales. Son hechos que se ventilaron en diversos juicios y ahora deben ser juzgados”, señaló en declaraciones a Tiempo Rodríguez Infante, uno de los funcionarios judiciales que impulsaron estas indagatorias.    

Entre los acusados se encuentran los exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar Zurita, Carlos Plácido Escobar Zurita, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban RoccatoVillegas, José Lellis Sosa Córdoba, Omar Pedro Venturino Amaker, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.

También resultaron imputados Hugo Luis Zalazar Campos, del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército Argentino. Además, son investigados Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, de la Aeronáutica y que integraron la IV Brigada Aérea. 

La mayoría de estos policías y militares recibieron condenas en otros juicios de lesa humanidad en los cuales se analizaron las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de los padres y madres de estas 56 víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.   

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal había sido presentado en mayo pasado y quedaron fuera de la acusación otras siete personas. Tres de ellas fallecidas, otras tres que resultaron absueltas y una restante declarada como incapacitada de seguir un proceso judicial.

Para los fiscales, las víctimas son “niños, niñas y adolescentes que fueron retenidos tras el secuestro de sus padres hasta ser entregados a familiares o institucionalizados, o de niños y niñas que fueron conducidos a CCD como el D-2 junto a sus madres”. 

Estas privaciones de libertad implicaban, además, “la exposición” de los menores “a tormentos psicológicos y físicos, dadas las condiciones en que aquellas tenían lugar”. 

Entre los casos enumerados se encuentran el de un bebé de siete meses que fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos en condiciones deplorables y con secuelas físicas evidentes.

También se sigue el caso de otro nene de diez meses, que permaneció “un mes en poder de un comisario para ser utilizado como «cebo» para capturar a su padre, hasta ser rescatado por sus abuelos en un estado de abandono”, entre otros casos.

Los imputados en esta causa son investigados por “Privación abusiva de la libertad; imposición de tormentos agravados; abandono de persona; coacción; sustracción, retención u ocultamiento de menores; alteración del estado civil; y falsedad ideológica.

Laguna Paiva II, otra causa sobre las infancias

La investigación sobre delitos de lesa humanidad que se sigue en Mendoza no es la única que se cursa en los tribunales federales del país.

La Justicia Federal de Santa Fe dispuso que el 29 de abril de 2026 se inicie el proceso oral y público de la causa de lesa humanidad denominada Laguna Paiva II, en la que se investigan delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y abusos sexuales padecidos por 16 niñas y niños que estuvieron cautivos en centros clandestinos de detención ilegales en el contexto de la represión ilegal.

Una vez más, el exjuez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, estará sentado en el banquillo de los acusados en un caso en el que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. Además, se encuentran acusados los expolicías, Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti.

Esta causa es una derivación del juicio de “Laguna Paiva” (una localidad de Santa Fe) o conocida también como “Chartier”, en referencia a Germán Raúl Chartier, quien supo ser jefe de informaciones de la Policía de Santa Fe y fue uno de los imputados en ese proceso.

Durante las audiencias de ese juicio, concluido en junio de 2021, se ventilaron numerosos crímenes sufridos por los integrantes de un grupo de militantes del PRT, pero también contra sus familiares e hijos, que padecieron abandonos, abusos y privaciones ilegítimas de la libertad en comisarías, centros clandestinos y otras instituciones del Estado.