Investigan a la esposa de Pablo Escobar por supuesto fraude al obtener la ciudadanía argentina

Un juez civil y comercial federal porteño pidió que se investigue si existió fraude al otorgársele en 2010 la ciudadanía argentina a la viuda del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, quien vive con sus hijos en Buenos Aires desde mediados de los ’90.

La solicitud fue realizada por Patricio Maraniello, magistrado a cargo del juzgado que tramitó la carta de ciudadanía solicitada por María Isabel Santos Caballero (57), cuyo verdadero nombre es en realidad Victoria Henao Vallejos.

Teniendo en cuenta notas periodísticas que revelaron a comienzos de mes que la viuda del líder del cartel de Medellín obtuvo la nacionalidad argentina, el juez dijo que en la causa que se tramitó “no consta” cuál es la identidad real de la mujer.

En ese sentido, pidió que se investigue “si pudo haberse incurrido durante la tramitación de las presentes actuaciones en algún tipo de fraude por ser falsos los hechos invocados” por Santos Caballero, de acuerdo a la resolución.

Para avanzar en esa hipótesis, el magistrado ordenó varias medidas, entre ellas que el juzgado criminal y correccional federal 4 le envíe la causa que se le inició en 1999 a la mujer y a su hijo por presunta «infracción a la ley de drogas y falsificación de documento».

Ese año, ambos fueron detenidos en su lujoso departamento del barrio porteño de Saavedra, pero sobreseídos en 2005 tras pasar 17 meses presos luego de que el Tribunal Oral Federal 6 entendiera que los documentos eran auténticos y otorgados por el propio gobierno de Colombia para proteger su vida.

El juez también le requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que pida a la Cancillería de Colombia que informe si Santos Caballero, nacida el 3 de setiembre de 1960 en la ciudad colombiana de Palmira, “ha visto modificada su identidad”.

En caso de que esto haya ocurrido, solicitó que se detalle su identidad anterior y aclaró a las autoridades colombianas que el expediente tendrá el carácter de «reservado».

En otro punto de la resolución, el juez afirmó que, en su momento, la Secretaría de Inteligencia (SI) -que funcionó hasta marzo de 2015- le manifestó la “imposibilidad” de darle información sobre si Santos Caballero tenía antecedentes penales, por lo que ahora reiteró ese pedido a la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Debido a las diferentes fechas existentes en la causa sobre la llegada al país de la viuda de Escobar Gaviria, Maraniello envió un oficio a la Dirección General de Migraciones para que informe la fecha real de ingreso y las salidas, si las hubiere, a partir de 1995.

Finalmente, manifestó que debido a que “en la presente carta de ciudadanía podrían existir cuestiones de índole y características muy sensibles tanto para la peticionante y su familia, como para la sociedad argentina y de la República de Colombia, se establece el carácter de reservada a las presentes actuaciones”.

En una nota publicada el 4 de noviembre, el diario Clarín reveló que Santos Caballero obtuvo la ciudadanía argentina el 3 de diciembre de 2010 y que incluso votó en un colegio del barrio porteño de Palermo en las elecciones legislativas del 22 de octubre último.

Su hijo, Sebastián Marroquín (40), en tanto, todavía conserva la nacionalidad colombiana y tiene un DNI argentino pero de extranjero; en una entrevista incluso reconoció que cuando entraron al país lo hicieron con un permiso de turista.

Ambos continúan usando las identidades que el Gobierno de Colombia les dio en 1995, cuando llegaron a la Argentina luego de que ningún país los quisiera recibir como refugiados.

La familia de Escobar Gaviria volvió a ser noticia en octubre último, cuando el juez federal de Morón Néstor Barral pidió que se investigue si madre e hijo intervinieron en la maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que una banda integrada por ciudadanos argentinos y colombianos efectuó mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico “Café de los Angelitos”.

Las sospechas apuntan a que ambos cobraron una “comisión” para conectar al jefe de la organización detenido en Colombia, José Piedrahíta Ceballos (58), con el empresario argentino preso en este país, Mateo Corvo Dolcet (53).

De acuerdo a una documentación secuestrada durante los allanamientos por esta causa en una residencia de Corvo Dolcet, la comisión era del 4,5 % del total de la suma millonaria que se iba a invertir en la Argentina.