Investigan corrupción en la búsqueda del ARA San Juan

El fiscal federal Federico Delgado promovió una investigación penal contra los máximos funcionarios del Ministerio de Defensa por la presunta manipulación de la contratación directa de la empresa que deberá buscar al submnarino ARA San Juan.  Los familiares de las víctimas del naufragio presentaron una denuncia porque, según el seguimiento que hicieron del expediente a través de la propia información oficial, detectaron una serie de irregularidades. Entre ellas están la falta de congruencia entre la identificación numérica y el nombre de la empresa seleccionada hasta la manipulación de los documentos que certifican el proceso.

Delgado dictaminó, ante una consulta que le formuló el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es necesario “someter a examen el proceso de concurso para la contratación directa de la empresa que se encargará de la búsqueda, a partir de las irregularidades detectadas”. Y enumeró, entre los puntos a esclarecer, “si el servicio ofertado se corresponde con la capacidad legal y fáctica de la empresa” y “si pudo existir algún direccionamiento y si desde la perspectiva del derecho administrativo y la legislación en materia de contrataciones públicas se le dio el trámite adecuado a la contratación”.

La abogada Valeria Carreras, apoderada de varios familiares de las víctimas, denunció que, en el marco de la Contratación Directa (por razones de urgencia) para la Búsqueda del Submarino ARA San Juan, el Ministerio de Defensa llamó a concurso internacional de ofertas”, que fue publicado en la plataforma del Ministerio de Modernización para contrataciones del Estado COMPR.AR. “La apoderada denunciante siguió cada una de las instancias de la contratación. De ese modo, al momento de anunciarse la preadjudicación, toda vez que habría sido seleccionada una empresa sin experiencia, revisó el dictamen y lo impugnó. Esto fue sobre la base de varios puntos, pero en particular porque el número societario de la empresa española preadjudicataria no coincidía con el nombre, número de CUIT ESB1751190 IGEOTEST GEOSCIENCES SL”. En otros términos: figuraba el nombre de una empresa y la identificación de otra. Y esta segunda, la también española CONTROL Y PROSPECCIONES SL -presuntamente del mismo grupo económico-, estaba, además, en concurso de acreedores.  El supuesto “error” fue subsanado sólo parcialmente, como si se hubiera hecho a las apuradas.

“Ante los hechos denunciados impulsaremos formalmente la investigación en virtud de que nos podríamos encontrar ante una hipótesis delictiva”, subrayó Delgado