Irán ejecutó en público al segundo condenado por participar en protestas contra el maltrato a mujeres

Irán ejecutó este lunes públicamente a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden el país desde septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones. La nueva víctima es Majidreza Rahnavard, quien fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. El detenido fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura, citada por AFP.

Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar. Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa.

«La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes», declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. «Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espectáculo», añadió.

Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre pasado de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años fallecida tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.

Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán fue sacudida por varias olas de protesta pero esta crisis no tiene precedentes por su duración, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen. El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de «disturbios».

Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital. «Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país», dijo Omid Memarian, analista sobre Irán de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).

Rahnavard fue detenido el 19 de noviembre cuando intentaba huir del país, según Mizan. Según información no verificada, tendría 23 años. Según Amnistía Internacional, Mahan Sadrat, de 22 años, condenado a muerte tras un juicio sumario e «injusto» el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, cerca de Teherán, «lo que hace temer una ejecución inminente», tal como ayer publicó Télam.

Fue declarado culpable de sacar un cuchillo durante las protestas, lo que negó rotundamente ante el tribunal. Amnistía Internacional también advirtió que la vida de otro joven, Sahand Nourmohammadzadeh, corre peligro tras ser condenado a muerte el 6 de noviembre por «demoler las barandillas de una autopista y quemar contenedores de basura y neumáticos».

Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de «corrupción en la tierra» y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un «desprecio sin límites por la vida humana». Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.