Los abogados del diputado apelaron la decisión. La investigación pone el foco en el entorno familiar y las inconsistencias de las declaraciones juradas.
Se trata de una medida cautelar que tiene como fin evitar que haya cambios en los bienes muebles, inmuebles y en los activos financieros de Espert. Por un plazo de 90 días, el exdiputado y excandidato libertario no podrá hacer transferencias de dinero o de sus bienes, una medida decretada con el objetivo de evitar cualquier movimiento que pueda interpretarse como un entorpecimiento de la investigación.
Las restricciones que decretó el juez fueron apeladas por la defensa por medio de un escrito que presentaron los abogados del economista investigado, Alejandro Freeland y Santiago Kent, según supo Tiempo.
Cerca de Espert calificaron la medida judicial como “excesiva, desproporcionada e innecesaria”. Con ese mismo temperamento, consideraron que se trata de una restricción irracional debido a que, según su punto de vista, la resolución en la que se decretó el congelamiento no desarrolló o explicó suficientemente el requisito de la urgencia necesario para imponer el congelamiento.
La medida en cuestión no sólo fue decretada sobre Espert sino que también alcanza a su esposa María Mercedes González y al hijo de ella, Manuel Iglesias, de 23 años, señalado como posible testaferro del exdiputado. Sobre el joven, en la Justicia detectaron que pese a no tener ingresos declarados es dueño de un auto de 72,9 millones de pesos.
La medida también alcanza a Varianza S.A., que, según la Justicia, “podría haber sido utilizada como instrumento para canalizar parte de los fondos de procedencia ilegal”. Esa firma fue constituida por Espert y su esposa en el año 2019. En la mira también están Gustavo y Alejandra, hermanos del exdiputado.
En la resolución a la que accedió este medio, Mirabelli consideró procedente avanzar con las medidas restrictivas solicitadas por el fiscal debido a que la demora en adoptarlas “podría abrir las puertas a que se utilicen mecanismos capaces de frustrar los fines del proceso o impedir el recupero de activos provenientes de actividades ilícitas, máxime, teniendo en cuenta que, en el corto período investigado, se ha logrado determinar que el imputado Espert contaría con numerosos activos en el exterior omitidos de declarar ante la ARCA, incluida la cuenta en la que se acreditaron los U$S 200.000 cuyo origen se investiga en autos”.
La causa se inició a partir de una denuncia del actual diputado nacional Juan Grabois, que tomó como base el hallazgo de una contabilidad paralela de un fideicomiso relacionado con el empresario acusado de narco Federico “Fred” Machado. En una de las anotaciones había un pago de 200 mil dólares en favor de Espert que nunca fue declarado. Machado, por su parte, fue extraditado semanas atrás a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos judiciales relacionados con droga, lavado y fraude electrónico, según la acusación del Gran Jurado del Distrito Este de Texas.
Espert fue imputado, allanado en sus propiedades y despacho de la Cámara de Diputados y recientemente limitado para disponer libremente de sus bienes y activos. Por la imputación decidió bajar su candidatura a diputado nacional por el espacio del presidente Javier Milei y su carrera política se derrumbó por completo.
Al pedir el congelamiento de bienes, el fiscal Domínguez, que tiene delegada la causa contra Espert, argumentó que encontraron que Espert y su familia tienen inconsistencias en relación con sus ingresos lícitos. Por ejemplo, señalaron que el ex diputado no declaró una cuenta que tiene en el Banco Morgan Stanley en sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“Tampoco registró ingresos en concepto de haberes de alguna fuente extranjera y/o la emisión de comprobantes como facturas que revelen la existencia de un vínculo comercial y/o laboral que le haya generado un ingreso equivalente a U$S 200.000 en el exterior”, precisó el fiscal. Se trata de parte del dinero que le pagó Machado y que, según la versión que dio Espert, fue en el marco de un contrato de consultoría que firmó con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, presidida por Machado.
Además, el fiscal detectó “arbitrariedades” en la declaración de la valuación de algunos bienes como su participación en Varianza S.A. ingresos declarados insuficientes en relación con sus exteriorizaciones y un “mecanismo deliberado de alteración de la facturación”.
Para el funcionario, hay una “alta probabilidad de que los acusados realicen maniobras tendientes a procurar un desapoderamiento simulado de activos con miras a evitar que ellos sean alcanzados por un futuro decomiso y la eventual imposición de una pena pecuniaria”.
La revisión del planteo quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín. «
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