La magistrada Sarmiento rechazó un amparo que buscaba impedir el acceso a información privada para publicidad.
La medida cautelar fue solicitada por la abogada Valeria Carreras para evitar la utilización de información sensible de los ciudadanos.
Un día después de que fuera imputado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por la decisión de usar la base de datos de la Anses para la difusión de actos de gobierno, la jueza Sarmiento sostuvo que en el caso no se había demostrado de modo concreto el daño irreparable que tornaría indispensable el dictado de la medida cautelar sin esperar la sentencia definitiva.
Sarmiento tomó la decisión luego de recibir un informe del Poder Ejecutivo que se opuso a la medida solicitada por la letrada, quien, además de esta demanda, presentó una denuncia penal contra el jefe de gabinete Marcos Peña, radicada ante el juzgado federal de Ariel Lijo.
En su resolución, la jueza deja entrever la posibilidad de resolver a la brevedad la cuestión de fondo, en referencia a la validez de la decisión de traspasar los datos de la Anses.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a Peña al impulsar una investigación por el uso de esos datos y le pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar «la legalidad del convenio de traspaso de datos» del organismo.
«La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)», evaluó el fiscal.
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