Juezas y jueces rechazaron los dichos de funcionarios que proponen “barrer” a quienes viven en la calle

En una declaración titulada “La calle no es un lugar para vivir” y recordando que “ningún ser humano es descartable”, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se manifestó ante las recientes declaraciones de funcionarios, “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires”, sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

Advirtieron acerca de “una creencia más profunda que no solo es jurídicamente incorrecta sino inmoral, como es que los derechos son solo para la población que pueda pagarlos”, de lo que “obviamente se sigue que no todos los seres humanos somos iguales, puesto que no seríamos destinatarios de los mismos derechos”.

El documento del Capítulo Argentina de COPAJU, que reúne a magistradas y magistrados de todo el país consustanciados con las ideas del Papa Francisco, plantea que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, y que también hay coincidencia en la preocupación por el creciente número de personas en esta condición en las grandes ciudades, existen por el contrario “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Frente a esto, las juezas y jueces afirmaron que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”. Explicaron que, “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. A la vez, frente a una respuesta institucional que repite “es lo que hay’”, subrayaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”.

Refiriéndose a las trayectorias de quienes se ven forzados a vivir en la calle, el Capítulo Argentina de COPAJU afirmó que “seguramente sus historias están mucho más cerca de la población económicamente solvente de lo que se cree”. ¿Qué es lo que ocurrió, entonces? “La respuesta es sencilla: mientras tuvieron trabajo no les han hecho los aportes necesarios para poder contar con algún tipo de ayuda estatal o jubilación, tampoco tuvieron acceso a un plan de vivienda acorde a sus ingresos ni a la educación formal suficiente ni a la capacitación profesional necesaria para continuar activos en el mercado de trabajo”. Se suma a esto “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, “afecciones que no reconocen diferencias de clase social”.

En definitiva, se trata de “incumplimientos de normas de jerarquía nacional e internacional”. Por eso, las magistradas  y magistrados exhortaron a los funcionarios responsables “a que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.

¿Quiénes integran el Capítulo Argentina de COPAJU?

La Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU está encabezada por el coordinador César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones; el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo (CATyRC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA.