Juicio a la CNU: “Venimos a rechazar la liberación de Pipi Pomares”

Susana Zaldúa se paró delante del micrófono instalado frente a las rejas negras de los Tribunales Federales de La Plata con un pequeño cartel colgado del cuello que reclama justicia para su hermana Adriana: “Venimos a repudiar la sentencia del Tribunal Oral Federal N°1, venimos a repudiar la absolución de (Juan José) Pipi Pomares”, dijo. La mujer habló en el acto que familiares y víctimas de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) realizaron para acompañar la presentación de la apelación de las querellas a la sentencia del juicio que el año pasado condenó a perpetua a Carlos “Indio” Castillo y sobreseyó a Pomares “por el beneficio de la duda”.

“La idea de este acto es presentar públicamente el recurso de Casación que interpusimos contra la parte de la sentencia que absuelve a Pomares de los cargos que le fueron imputados y hacerle saber a la justicia federal, a los jueces y fiscales, que seguimos acá reclamando justicia”, explicó la abogada Marta Vedio, quien junto a Guadalupe Godoy representó las querellas de la Unión por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el debate.

El acto, en pleno centro platense, estuvo enmarcado por la presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata de la apelación a la absolución de Pomares por dos homicidios en la sentencia del 29 de noviembre pasado. En esa misma sentencia, los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Smoris si condenaron a Castillo por cuatro homicidios y tres secuestros cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976.

La apelación fue presentada por las querellas de la Unión por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Justicia Ya y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia. Además de los jueces, las críticas apuntaron también a los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, porque pese a que pidieron perpetua para los dos acusados en sus alegatos, no apelaron la absolución.

“Nosotros creemos que es incomprensible que la fiscalía no haya apelado. Iremos ahora a pedirle a Molina y Shapiro explicaciones de por qué no apelaron, porque es incomprensible lo que han hecho: en los alegatos del juicio pidieron perpetua para los dos y después cuando el juez dice que lo absuelve, no hacen nada”, redondeó Zaldúa.

En tanto, Vedio agregó que “el Tribunal Oral 1 no hizo justicia, no se atuvo a los hechos ni al derecho que debió aplicar y dictó una absolución traída de los pelos”. Y completó: “Están todos los elementos para formar convicción, pero lo convicción que no forman es la que no tienen ellos internamente de condenarlo a Pomares, pero que los hechos y el derecho dicen, además del reclamo popular, que hay que condenarlo”.

Junto a los escalones del viejo edificio que funcionaron de púlpito, estaban las Madres de Plaza de Mayo Mirta Baravalle y Elia Spen. Familiares y compañeros de las víctimas, militantes de derechos humanos y vecinos formaban un semicírculo de cara a los parlantes. Además de Zaldúa habló Mario Urrera, Raquel Barreto y el periodista coautor del libro sobre la CNU, Daniel Cecchini.

“Ha habido una perversa atomización de las causas por la CNU y el ejemplo más claro es el de mi hermano, Horacio Urrera, asesinado en abril de 1976 luego de un raid de secuestros. Su cuerpo apareció con el de (Leonardo) Micelli y el de Sathicq, pero no fue incluído (como víctima) en el juicio”, recordó Urrera.

“Así como condenaron a Castillo nos parece que había elementos suficientes para condenar también a Pomares y por eso venimos a rechazar esa libertad. Nuestros abogados presentaron el recurso de Casación y planteamos que ni siquiera se tomó en cuenta que los testigos identificaron a estos dos y a otros 15 integrantes del CNU, cuyos apellidos fueron puestos en el debate, y fueron los responsables de casi un centenar de asesinatos en La Plata”, completó Zaldúa.

Tras el acto, los familiares de las víctimas se reunieron con el fiscal Marcelo Molina, quien se comprometió a programar una reunión junto con Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira para explicar las razones por las que no apelaron.