Juicio Brigadas: sobrevivientes narraron los abusos sexuales sufridos en el Pozo de Quilmes

El debate oral en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Banfield, Quilmes y Lanús durante la última dictadura cívico-militar, conocido como Juicio Brigadas, continuó este martes con la declaración de la sobreviviente María Teresa Serantes Lede, la médica psiquiatra Lucía Edelman y Raúl Olivera. Serantes Lede brindó detalles de los abusos sexuales a los que era sometida en cada interrogatorio.

Declaró la sobreviviente María Teresa Serantes Lede, quien fue secuestrada el 21 de abril de 1978, en Lanús junto a su esposo Alberto Illarzen. “Entraron a golpear, no preguntan ni nada. Yo siento que hay como 12 personas y otros coches. Siento que está Alberto, pero ya no puedo ver nada. Ahí partimos y llegamos a un lugar que es el Pozo de Quilmes”, contó.

“Este viernes estuve ahí y lo reconocí, a pesar de que siempre estuve encapuchada”, insistió la mujer, quien describió la situación como “muy violenta” y “caótica”. “Se escucha gente quejándose y llorando”, apuntó sobre sus primeras sensaciones en el centro clandestino de detención.

Denunció que fue abusada y describió todas las situaciones, que incluyeron un episodio de violación. Comentó que al llegar al Pozo, uno de los represores le tomó las manos, las posó sobre sus genitales y tuvo una erección, al tiempo que señaló que en todos los interrogatorios fue desnudada, golpeada y manoseada. Y precisó que había una mujer, cuyo “rol era azuzar para que los varones hicieran más y más”. “Cuando volvía a la celda, no decía lo que había pasado”, explicó María Teresa.

“Empezó la vida del encierro. Existimos sólo ahí adentro, nuestra vida anterior no existe y la posterior, tampoco. Uno cierra, bloquea, trata de que las cosas no hagan daño y que ellos no te hagan daño”, reflexionó a continuación. Y manifestó que “por la tardecita se empezaban a escuchar gritos y llanto de desconsuelo de niños”. “Yo siempre traté de pensar que era parte de la tortura, que eran grabaciones”, apuntó.

En los pocos encuentros con detenidos, uno de sus compañeros le dijo que “memorizara” todo lo que podía porque al ser de nacionalidad española, creían que iba a ser liberada. Dentro de estos datos que le fueron pasando mencionó la detención de 32 uruguayos en este centro. También recordó que estaba allí Aída Sanz, “cuya hija nació en la sala de torturas” y “se la quitan”.

Pudo saber qué pasó con su hija, Amaranta, al cuarto día del secuestro. Cuando fue liberada, a la pequeña la dejaron en una vereda de Bernal Este, a pocos metros de la casa en la que vivía su hermano. “Nunca supe qué pasó en esos cuatro días”, admitió.

La memoria colectiva

Lucía Edelman fue la siguiente testigo. Ella es médica psiquiatra y psicoanalista y forma parte del Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo. Durante su exposición, signada por problemas con el audio, dio cuenta de las consecuencias de la dictadura.

“La represión venía junto a una cantidad de campañas de inducción psicológica”, explicó la profesional, al tiempo que señaló que “las situaciones traumáticas de origen social invaden violentamente la vida”. También habló de la importancia del término “desaparecido”, e hizo hincapié a las violaciones a mujeres y varones en esos centros clandestinos.

Habló de memoria colectiva, que describió como “miembros de un grupo que reconstruyen el pasado, aseguran la identidad, la naturaleza y el valor de un grupo”, y habló de un aspecto reparatorio de los testimonios, pero “también puede tener un aspecto de retraumatización” porque “hay sentimientos de resolsabilidad”, motivo por el que pidió que el Estado lo contemple.

«La sociedad civil debe ser desconfiada»

Raúl Olivera fue el siguiente testigo, por ser miembro del movimiento sindical uruguayo y de un observatorio de derechos humanos. “Lo que ha vivido la humanidad con los derechos humanos ha provocado que la sociedad civil deba ser desconfiada; es decir, estar alerta”, explicó, motivo por el cual se creó un “Observatorio que mirara como el Estado cumplía con la obligación que establecía la Corte Interamericana de DD.HH., que terminara con la impunidad”. “Pero eso no alcanzaba porque el colectivo militar financiaba equipos de abogados muy potentes para litigar y hacer que no avanzaran las causas, para entorpecerlas. El movimiento sindical, actualmente, financia todo eso”, completó.

Respecto de la coordinación represiva, Olivera planteó que “hay varias etapas”. “Previa a la instalación formal del Plan Cóndor, existió la coordinación de los ejécrcitos pero fundamentalmente se dio a através de las estructuras policiales. Empezaron a actuar en la vigilancia”, reflexionó.