Comenzó un juicio por lavado de dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado

En octubre de 1976, mientras comandaban el centro clandestino de detención Automotores Orletti, la patota parapolicial encabezaba por el agente de la SIDE Aníbal Gordon comenzó a desarrollar un ambicioso proyecto inmobiliario de un club náutico frente a la laguna de Chascomús. El emprendimiento en la ciudad turística bonaerense, que se vio frustrado a poco de comenzar, se financió con una parte de los millones de dólares que los represores habían robado al secuestrar y luego asesinar al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

A casi 50 años de esos hechos, esta semana comenzaron a ser juzgados por lavado de activos los herederos de uno de los lugartenientes de Gordon, el ya fallecido Leonardo Miguel Save, quien se quedó con los dos terrenos que habían sido comprados para el desarrollo inmobiliario.

El juicio oral arrancó este miércoles con la lectura de la acusación, que está a cargo del fiscal Juan Pablo Curi y las querellas de la UIF, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la subsecretaría de DD HH bonaerense. El tribunal es unipersonal y está integrado por Roberto Falcone.

La presencia de los represores era algo conocido en la ciudad pero recién comenzó a investigarse en 2013 por la denuncia de Norberto Liwski, miembro del CODESEDH, quien a partir de los dichos de un vecino de Chascomús solicitó que se investigue si en esas tierras había funcionado un centro clandestino de detención y un lugar de enterramientos clandestinos.

Esa presentación hizo que el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, comenzara a instruir el caso. Declararon decenas de vecinos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó un relevamiento de la zona sin encontrar restos óseos. En paralelo comenzó a aparecer el rastro sobre las escrituras de esas tierras y en 2020 se elevó a juicio la parte del expediente que involucra a la familia Save. 

Las hijas y el hijo de Save están imputados por las maniobras realizadas para registrar a su nombre esos terrenos adquiridos con dinero obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad. Los cuatro negaron ante la Justicia conocer cómo se habían comprado y culparon a su padre ya fallecido por las maniobras. Según la acusación fiscal, para intentar disimular y ocultar el origen ilícito se utilizaron diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta y actos simulados con la participación de personas con identidades falsas.

Boating

Los terrenos tienen 15 y 21 hectáreas y se encuentran en el barrio Parque Girado, una parte residencial de la ciudad del otro lado de la laguna. La operación se realizó el 19 de octubre de 1976, menos de un mes después del secuestro de Mechoso Méndez, a través de apoderados y personas con nombres falsos. Los represores pagaron en ese momento 3 y 10 millones de pesos por cada uno.

Boating iba a ser un club náutico privado accesible por lancha desde la laguna y generó gran revuelo en la ciudad ya que movió una importante cantidad de trabajadores y recursos.

Años después, durante la investigación, los obreros y vecinos relataron el inusual funcionamiento de la obra y que en el lugar había armas y maletines llenos de billetes que se usaban para  pagar sueldos y comprar materiales. Los represores visitaban la obra los fines de semana y paseaban en lancha.

El proyecto se truncó el verano de 1977. Se cree que a partir de una interna con Ibérico Saint Jean, gobernador de facto bonaerense oriundo de Chascomús, una patota irrumpió en el obrador, tomó el predio y secuestró a una treintena de obreros que fueron torturados y llevados a la comisaría primera de la ciudad.

«Operación Oro»

Alberto Cecilio Mechoso Méndez integraba la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales en Uruguay. Luego de fugarse de una cárcel militar, en 1972, se exilió en Argentina, donde continuó militando y fue uno de los fundadores del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).

Según se reconstruyó durante el juicio Plan Cóndor, realizado en 2016, Alberto Mechoso fue secuestrado el 26 de septiembre de 1976 por miembros del grupo de tareas de Gordon junto con represores uruguayos. «Lo llevaron a Orletti y, bajo torturas y amenazas contra su familia, le sacaron la información sobre la ubicación del dinero. Con ese dato, se dirigieron a su domicilio en busca del dinero. Ingresaron armados, amenazaron a la familia y se dirigieron directamente al lugar donde estaba escondido el dinero», señaló la fiscalía durante el alegato del juicio.

Mechoso fue luego asesinado y su cuerpo fue arrojado al río en un tambor. Fue hallado días después y enterrado como NN en el cementerio municipal de San Fernando, de donde fue exhumado con la vuelta de la democracia e identificado por el EAAF en 2012.

Se cree que el monto del dinero robado fue entre 2 y 8 millones de dólares y que fue repartido entre los represores, quienes denominaron el operativo como «Operación oro». Parte de ese dinero fue utilizado para la compra de estas parcelas en Chascomús. «