La Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema profundiza la investigación por las irregularidades en la obra social judicial

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación continuará este jueves escuchando testimonios vinculados a la investigación que realizan desde hace algunas semanas sobre los miembros de la Corte Suprema. El proceso se centra en las denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial (OSPJN). La reunión fue convocada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para las 11 de la mañana.

Pese a haber sido citado por la fuerza pública, el ex director de la OSPJN entre 2008 y 2022, Aldo Tonón, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro ya anunció que no asistirá. Tonón sería el cuarto testigo que se niega a acudir a testimoniar junto al fiscal Carlos Stornelli, al ex secretario de Justicia Santiago Otamendi, y el abogado Marcelo Mazzeo.

Desde la defensa de Tonón insisten con el argumento de que “el reglamento no dice que ellos puedan pedir la fuerza pública”. En efecto, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece en su artículo 12, inciso d, que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud”.

Sí estarán presentes Sebastian Clerici (secretario letrado de la CSJN), Iván Nicolás Ritvo (contador público), Gabriel Martínez (contador público) y Laura Ambrosio (afiliada de OSPJN).

En el último encuentro estuvo presente, por segunda vez, el ex administrador de la Corte Suprema Héctor Marchi, recientemente desplazado de ese cargo. Marchi aseguró que esa decisión estuvo vinculada a que se «negó a encubrir» a Silvio Robles, mano derecha del ministro Horacio Rosatti, como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), Mariano Althabe.

Ampliación de denuncia contra la Corte Suprema

En cuanto a la ampliación de la denuncia contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, anunciada la semana pasada por cadena nacional por el presidente Alberto Fernández, a partir de la medida cautelar dispuesta por la máximo tribunal que suspendió las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, según pudo saber Tiempo no llegó al Parlamento oficialmente. Quien estaría en el tema trabajando sería el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés.

La metodología sería la misma que en el verano, cuando diputado porteño impulsó junto a otros legisladores del Frente de Todos un proyecto de pedido de juicio político -que constaba de 410 páginas- contra Horacio Rosatti –presidente de la Corte-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En ese caso, la denuncia fue en sintonía con el pedido del presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a doce gobernadores. Se acusa a la Coerte de irregularidades en la gestión de la obra social judicial, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros fundamentos.

Por este pedido, se espera la presentación de Silvio Robles, vocero del juez Rosatti y de Marcelo D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño). Altas fuentes del oficialismo comentaron a este medio que serán citados en el momento en que la comisión avance con la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.