Juicio político: el faltazo de Stornelli y la estrategia de un sector de JxC para apuntar sólo a Lorenzetti

En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Juicio político, el Frente de Todos logró el número de firmas para denunciar por posible falso testimonio al juez federal Sebastián Ramos, además impuso su mayoría para volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, que decidió pegar el faltazo. 

En un largo encuentro, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) reveló que a Stornelli “se le fue notificada por cédula a su despacho la citación. Él le contestó al doctor (Eduardo) Casal, a quien también esta comisión le envió nota”. “Pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la Ley de Ministerio Público que es inoponible porque la norma habla de esa oportunidad cuando se trata de tribunales”, continuó.  

En ese sentido, la entrerriana apuntó que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, explicó. 

Ante la presentación del fiscal ante la Procuración para dejar expresada su voluntad de responder por escrito, amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal, el oficialismo decidió citarlo nuevamente el martes que viene y anticipó que de negarse a asistir de manera presencial procederán a pedir que se le quiten los fueros y sea llevado por la fuerza pública a declarar. 

Por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, la diputada Silvia Lospennato (PRO) manifestó que “claramente creemos que la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a declarar. Aquí no hay ninguna violación de su deber de testificar, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa”. 

En el caso de Ramos, fue el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien denunció al magistrado en Comodoro Py, tras la declaración que dio el pasado 23 de febrero, cuando negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia. 

El rosarino recordó que en su declaración Ramos se le “preguntó si además de conocerlos, existía un vínculo sistemático entre él con Robles o Marcelo D’Alessandro. A lo que el juez claramente respondió ‘no señor’”.  Sin embargo, “casi en forma simultánea a esta declaración tomaron estado público una serie de chats en donde surgiría información que justamente podría contradecir los dichos que dijo bajo juramento el juez Ramos”, apuntó el jefe de bancada del FdT.  

Por eso pidió que se remita el acta certificada de la reunión pasada a la Justicia para que “se analice el posible falso testimonio” y también “se hagan constar las fuentes de dominio público donde fueron publicados estos datos”. 

Por otro lado se aprobó la citación de Marcelo  Mazzeo y Juan Manuel Oliman Espel, quienes “de manera pública reconocieron que mantenían conversaciones con D’Alessandro a través de Telegram” y “los dos dijeron ‘no tenemos nada que ocultar’ porque ninguna conversación tenía que ver con alguna actuación irregular de ambos”. Al momento de la votación se aprobó que sean incorporados como testigos. 

Los testimonios presentes 

Quienes sí asistieron al encuentro fueron el ex senador y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, cuya citación fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti. También prestó testimonio Sergio Nápoli, secretario judicial N°4 de la Corte Suprema de la Nación. 

Cimadevilla denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”. Y remarcó que había «una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.  Asimismo afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti. 

Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte, a través de la secretaría General de Administración, limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo. Se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la Capital Federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”. 

En el caso de Nápoli, señaló que “la vinculación es de distintos tipos. Uno no está permanentemente conversando con los ministros. El trato se da cuando ellos nos convocan sino es con letrados o personas de la Secretaría General según la cuestión”.