Ya pasó un año del inicio de un estallido social de resistencia a una reforma constitucional ilegítima del exgobernador Gerardo Morales que funcionó como laboratorio de la criminalización de la protesta. "Es lo que se está viviendo con la Ley Bases del Gobierno".
“Nosotros anunciábamos que Jujuy era un experimento de laboratorio nacional, hoy podemos decir que Argentina es un experimento de laboratorio mundial, donde a través del DNU 70/23 y este proyecto de Ley Bases, se reforma la Constitución Nacional de manera encubierta, se tocan más de 200 leyes, lo que es contradictorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y tratados internacionales”, dice a Tiempo Néstor Jerez de la comunidad Ocloya, desde la puna jujeña. Jerez es miembro del Tercer Malón de la Paz y parte de la delegación que permaneció en un acampe contra la reforma por casi 4 meses frente a Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, desde agosto hasta diciembre de 2023. Jerez dice que la reforma jujeña legalizó “las violaciones de derechos humanos que vemos replicarse en diversas comunidades de los valles, en las quebradas, en la puna, para avanzar con el saqueo y el extractivismo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la Pachamama”.
En este año se profundizaron también los desalojos de comunidades indígenas como las de La Quiaca Vieja y Juella, y el avance de las multinacionales sobre sus territorios. “Las personas que estuvimos resistiendo a la reforma constitucional nos hemos hecho más conscientes de hasta dónde pueden llegar el Gobierno en esta entrega de la patria” dice Natalia Machaca, referente indígena de las comunidades de Yala, Lozano, Los Nogales y León. Sobre ella todavía pesan algunas causas penales del jujeñazo, como la imputación de un homicidio por el fallecimiento por causas naturales de una persona en un ómnibus durante los cortes de ruta. “Algunas contravenciones han derivado en multas multimillonarias, la más alta es de 13 millones, en algunas causas fuimos sobreseídos pero en otras no, por eso estamos alerta”, explica. Machaca cuenta que desde la asunción de Milei no tuvieron tregua: la empresa Mekorot llegó a la provincia para quedarse con el agua de los ríos, situación que se legitima con la Ley Bases que fue aprobada en general en el Congreso de la Nación la semana pasada -en un contexto de brutal represión como sucedió en Jujuy- y cuyos artículos en particular aún faltan debatirse en Diputados. “Vamos a resistir, esto viene incluido con la Ley Bases, la provincia va a estar obligada a darle el agua a las mineras aunque la gente de Jujuy la necesite porque el RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) lo dice, por eso se le reprocha a la senadora (Carolina) Moisés haber votado en contra de la Ley Bases en general, pero a favor del RIGI”, manifiesta.
Una de las consecuencias de la reforma constitucional jujeña, cuyos lineamientos son compartidos por la Ley Bases, fue la pérdida de la personería jurídica para algunas comunidades indígenas como la de Río Grande, Lozano. Andrea Mamani, referente de esa comunidad, cuenta: “hemos perdido la lucha por nuestro territorio, se nos negó la personería jurídica por parte de la Secretaría de Pueblos argumentando que no cumplimos los requisitos”. De esta manera, no tienen los documentos que les permitan acreditar ante la Justicia el derecho al territorio que les pertenece. Pero también, la memoria de las represiones “dejó un miedo de salir a las calles, de ir y que te inventen causas, de ir a reclamar derechos y volver herido o no volver por quedar detenidos, también la discriminación porque la mayoría de la gente solo repite lo que los medios dicen: son piqueteros, vagos, quieren cosas que no son de ellos”. Los mismos discursos que se escuchan ahora sobre los detenidos durante la marcha de la Ley Bases.
Allí donde empezó todo, en la intersección de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, esta semana se hizo se hizo una actividad y los referentes del Tercer Malón decidieron declarar al 17 de junio como el Día de la Resistencia Indígena. Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda en Jujuy, recuerda que hace un año “disparaban a la cara, a los ojos, con balas de goma y gases, contaban con muchos infiltrados que incluso apredreaban al resto de las personas y que detenían o indicaban a quien llevarse”. Ella también fue detenida en aquella represión, la policía la arrastró más de una cuadra. Para la diputada, Jujuy funcionó como un laboratorio de reformas y políticas de criminalización de la protesta. “Lo que se vivió el año pasado en Jujuy es lo que se está viviendo a nivel nacional con la Ley Bases y lo que fue la Ley Ómnibus”, dice. Más de 150 personas fueron procesadas e imputadas en esa provincia en 2023 con denuncias por sedición, entre otras. No obstante, Morales señala que “también se mostró que Jujuy es un laboratorio de la resistencia y que tuvo como protagonistas a la docencia y a las comunidades indígenas”. La multisectorial, creada durante el jujeñazo, que reúne sindicatos y organizaciones, es una muestra de ello.
Silvana Llanes dice que no hay seguridad jurídica en Jujuy y que los riesgos de ejercer el derecho se acrecentaron con la condena que recibió en diciembre pasado el abogado Alberto Nallar por defender a activistas y referentes indígenas que cortaban la ruta durante el jujeñazo. “Con ese antecedente quedamos muy perjudicados, en mi caso defiendo a comunidades originarias y ahora se viene el tema del RIGI y se nos hace cuesta arriba litigar, te tildan de opositora”, dice a Tiempo. Por su parte, la abogada Mariana Vargas expresa: “Atacar esa condena era una cuestión colectiva, no solo individual. Nallar fue condenado por un tribunal incompetente ya que el delito imputado es federal”. Durante el jujeñazo diversos abogados denunciaron amenazas e intimidaciones, incluso circuló una lista de profesionales que serían acusados por el Gobierno. Nallar fue detenido por 37 días en cárcel domiciliaria y en diciembre su condena de 3 años y 6 meses fue confirmada por un Tribunal. La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema provincial.
El cacique Néstor Jerez dice que la agenda de lucha es ardua. “Abajo la Ley Bases, abajo el DNU 70, hay que seguir impulsando la nulidad y la inconstitucionalidad de la reforma en Jujuy, para eso las comunidades estamos presentadas en dos expedientes ante el Supremo Tribunal de Justicia”, explica. También apunta la necesidad de que los pueblos indígenas generen una herramienta política y conformen una federación. “El Estado tiene deuda histórica de reparación y ley de propiedad comunitaria indígena dispuesta por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional y hay que avanzar sobre eso”, manifiesta. Por su parte, Natalia Machaca expresa que es hora que “nosotros, las comunidades indígenas, empecemos a gobernar nuestros lugares, vamos a capacitarnos y a formar algún instrumento político que pueda revertir esta situación”. Y concluye: “Los representantes en los que confiábamos nos están entregando, esto va a derivar en un despertar de las comunidades para a empezar a formarse y gobernar”.
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