Jujuy hoy: cortes, paro docente, empresarios llamados por el gobierno y un joven arrestado por filmar afuera de la casa de Morales

Mientras el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro (a cargo de los operativos represivos en Purmamarca y en San Salvador), el fiscal de Estado, Miguel Rivas, y el Procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, hablaban en conferencia de prensa de la imputación de 150 manifestantes, algunos con multas de millones de pesos, por “perpetración de episodios flagrantes”, “virulencia majestuosa”, y por estar “atacando el orden constitucional”, el territorio sigue convulsionado, lejos de frenar ante la amenaza oficial.

Actualmente hay unos doce cortes, encabezados sobre todo por comunidades originarias que componen el Tercer Malón de la Paz. Purmamarca, Humahuaca, Perico y La Quiaca son algunas de las zonas más calientes, que coinciden con otro fenómeno: las ciudades y pueblos que a través de sus Concejos Deliberantes votan el rechazo a la Reforma Constitucional.

Primero fue La Quiaca, luego Humahuaca, el martes se sumó Abra Pampa. Libertador Gral. San Martín, Perico, Uquía y Maimará son otras donde crece el reclamo para que sancionen una normativa similar.

En la zona de Finca El Pongo, unas 20 personas del Cadillal, Hornillos y La Posta recibieron notificaciones de desalojo de sus terrenos. Solo las une un punto: reclamaron contra la reforma al costado de la ruta.

Lino Calisaya es uno de ellos. Vive en El Pongo. Fue a caballo en reiteradas ocasiones a cortar ruta 66. “Algunos tienen deudas de este año que se pagan a fin de año (pero de todas maneras) nos intimidaron, el gobierno y los administradores de Finca el Pongo”, reclamó.

Gremios docentes siguen de paro, especialmente nivel inicial y primaria, y le sumaron una carpa en el centro de San Salvador frente al Ministerio de Educación. Eso sí: la mayoría votó no seguir cortando rutas, aunque mantener el acompañamiento a los reclamos de organizaciones y comunidades originarias. También rechazaron los descuentos de paros.

La filmación

El 20 de junio, mientras comenzaba a desatarse la represión en el centro de San Salvador de Jujuy, más de veinte efectivos policiales se dirigían a la casa de la esposa del gobernador Gerardo Morales, Tulia Snopek, portando escudos, como si anticiparan un enfrentamiento.

Así lo exhibió un video que grabó un joven con su celular cuando se hallaba en barrio Los Perales. El muchacho terminó detenido. La denunciante fue la Primera Dama.

La abogada del joven, Mariana Vargas, sostuvo que el argumento oficial para ordenar la prisión preventiva por diez días fue porque “instigaba a la violencia”.

Insistió en que no hay fundamentos para ordenar la detención y que el juez no tenía idea de “que es lo que está acusando o concretamente cual sería la publicación que estaría configurando un delito».

La defensora declaró que no pudo acceder a las pruebas y al expediente, sino únicamente a una certificación de la denuncia. “Hay una situación de absoluta ilegalidad, como abogada defensora tuve que escuchar la imputación y oponerme al pedido de prisión preventiva que hizo el fiscal sin poder ver las pruebas. Hasta el día de hoy no las he podido ver, o sea, entiendo que en realidad no existen pruebas”.

Aseguró que amplió el habeas corpus y enfatizó en que la detención fue ilegal: “Creo que es un caso emblemático en Jujuy, más allá de que tenemos demasiadas situaciones de falta absoluta de garantías”.

La abogada reveló que «hay un poder judicial que tiene mucho temor si la denuncia viene por parte de la esposa del gobernador. Esta es la pulseada que tenemos en Jujuy, que no violen nuestros derechos y que podamos ejercer las garantías constitucionales».

«Me parece que podemos tener muchas discusiones sobre lo que ha ocurrido, pero hay cuestiones elementales que es cómo se lleva a cabo un proceso penal que no puede, ni merece ninguna discusión –precisó–. Tenemos leyes que rigen y no se están cumpliendo en nuestra provincia«.

Empresarios

Mientras tanto, en Purmamarca el gobierno jujeño convocó a empresarios de la ciudad para que intercedan ante comunidades indígenas buscando que levanten los cortes de ruta. Así lo aseguró el empresario local Jorge Fernández, dueño de una lavandería, que se negó: “No tenemos por qué hacerlo. Por qué me quieren enfrentar con las comunidades si al kilombo lo armaron ellos. No digo que (la Constitución) sea inconstitucional sino que está mal hecha. No hay consenso en las comunidades”.

La temporada turística invernal, según lo que declaró al medio Jujuy al Momento, está perdida: “Hay problemas de todo tipo, se cayeron muchas reservas en hoteles y hay algunos (sectores) más perjudicados que otros. Puesteros y venta de regionales, restaurantes, viven de la circulación de personas. Fueron los más perjudicados”.

Y completó: “Estamos en una situación muy dramática pero (en) el sector en general no hay un ambiente de estar en contra del reclamo de las comunidades, al contrario, hay y hubo mucha solidaridad con las comunidades”.