Jujuy: las comunidades de Salinas Grandes frenan negocios inmobiliarios en sus tierras

Las políticas extractivistas e inmobiliarias en Jujuy son una constante en la gestión de Gerardo Morales. El miércoles 28 hubo dos intentos en la Legislatura para viabilizar proyectos que siembran muchas dudas respecto de su transparencia, uno de ellos fue la expropiación de tierras comunitarias en Salinas Grandes para un desarrollo turístico, que la movilización de las comunidades locales, que se reunieron con legisladores logró frenar. El otro fue la expropiación y (re)compra de las tierras del Ingenio La Esperanza, que el Estado provincial había vendido al grupo Budeguer el 5 de junio de este año y este sí fue aprobado, aunque sólo con el voto del oficialismo y en medio de un escándalo.

Las comunidades de Saladillo y de San Miguel de los Colorados se movilizaron el miércoles y lograron que Legislatura provincial sacara del orden del día el proyecto de expropiación de tres hectáreas, una fracción del terreno de la familia Alancay y Tolaba que forma parte de la comunidad comunitaria de Saladillo, cerca de Salinas Grandes, porque no habían cumplido con la obligación internacional de la consulta previa, libre e informada a las comunidades y los propietarios (convenio 169 de la OIT).

La abogada Alicia Chalabe explicó a Tiempo que la propia familia se había enterado por la radio apenas tres días antes de la expropiación y que al tratarse de tierras comunitarias, por el artículo 15 inciso 17 de la Constitución Nacional, son inembargables. La doctora Chalabe relata que las comunidades tienen un uso ancestral del espacio, de las aguadas, de los animales y hace muchos años se encuentran desarrollando mancomunadamente el turismo en la zona, que se encuentra en perfecto estado de conservación por el cuidado y la responsabilidad ambiental con que emprenden su trabajo. El centro turístico que quiere llevar adelante el gobierno implica poner un centro comercial turístico de gigantescas proporciones que competirá con el modo tradicional y artesanal de las comunidades.

Para la diputada Alejandra Cejas, muy crítica de la gestión de Morales, “el proyecto seguro volverá en las próximas semanas al recinto provincial ya que el gobierno tiene que dar cuenta de avances por un préstamo millonario del Banco Interamericano de Desarrollo al que informaron (BID)”. Cejas se refiere al proyecto BID Nº 2606-0/OC por el cual la entidad internacional entregó 58,2 millones de pesos para el Desarrollo turístico en nuevos corredores. Cejas es mostró escéptica a la respuesta del oficialismo: “No se aprobó hoy” dice, pero “van a avanzar apenas puedan, porque hay plata en el medio”. Si bien necesitan cumplir con el convenio internacional previo libre e informado, “conociéndolos, algo van a hacer. Por eso, va a haber que bancar la parada, porque el gobierno busca la brecha para entrar”, dice la diputada justicialista.

La legisladora encuadra la expropiación que pretende Gerardo Morales como parte de un panorama más general: “Es lo que está pasando en toda la provincia. Es lo que pasa con la recompra de las 35 mil hectáreas del ingenio La Esperanza que la provincia vendió al grupo Budeguer en junio y ahora lo expropia, aunque ni siquiera presentó el monto que deberá pagar. También estamos con la expropiación de tierras del Parque Nacional Calilegua, con la expropiación para las tierras en Los Diques La Ciénaga, han expropiado tierras en La Quiaca, en Perico. La expropiación de tierras es una acción sistemática con fines comerciales con negocios inmobiliarios. Nos están saqueando, si no nos endeudan, nos quitan tierras”.

El Parque Nacional Calilegua y el negocio del petróleo

El Parque Nacional Calilegua se encuentra en una situación singular, ya que carece de una ley provincial que lo avale como tal, la que existe es de la dictadura y no está consolidada, aunque hay proyectos en ese sentido que no se están tratando. En las tierras de Calilegua hay 33 pozos petroleros, que son previos a la constitución del parque, algunos de ellos representan pasivos ambientales importantes que han dejado las empresas. Cambia Jujuy, la alianza gobernante, le cede a la compañía Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) 1000 hectáreas para que lleve adelante el cierre técnico del yacimiento de Caimancito y realice una remediación ambiental. Uno de los problemas que surge es que será el propio estado el responsable no solo de las acciones de remediación sino también de la fiscalización.

Por esto los trabajadores de Parques Nacionales y asociaciones ambientalistas han presentado quejas formales, ya que se estarían cediendo tierras protegidas para el negocio del petróleo y dejan afuera el control externo. Por otro lado, diputados opositores expresan su preocupación porque tras el escenario se estaría negociando la  renovación de la explotación de pozos petroleros a una empresa china hasta 2037.