Jujuy rechaza la arremetida de Gerardo Morales contra el derecho a la protesta y los salarios docentes

La provincia de Jujuy es en los últimos días el escenario de movilizaciones contra el gobierno de Gerardo Morales, en un conflicto que intersecta reclamos salariales y el abierto rechazo a la reforma constitucional aprobada por el oficialismo y parte de la oposición que, según argumentan movimientos sociales y organizaciones originarias, atenta contra el derecho a la protesta. A pesar de la intensa represión por parte de fuerzas policiales, los cortes de ruta y manifestaciones permanecían al cierre de esta edición en múltiples localidades como la capital San Salvador, La Quiaca, Humahuaca, Libertador, Perico, Abra Pampa y Ledesma.

Los gremios ATE y CTERA anunciaron, hacia la noche del sábado, un paro nacional educativo el jueves 22 en repudio a la violencia institucional en Jujuy, que suma decenas de heridos y detenidos, entre ellos la legisladora del PTS y convencional Natalia Morales, además del periodista de La Izquierda Diario, Lucho Aguilar. La legisladora narró la brutalidad policial sufrida mediante un video grabado desde el interior de un camión celular en el que fue trasladada rumbo a la detención en el penal de Alto Comedero. “Me arrastraron por el asfalto media cuadra, acá hay mujeres heridas con balas de goma”, explicó. Hacia las 22, había sido liberada. Se sostiene la incógnita sobre el paradero de varias personas que fueron abordadas por la policía.

El sábado, la infantería provincial arremetió tres veces contra varios focos de protesta en el cruce de las rutas 9 y 52. Alrededor de las 6 de la mañana, tras una madrugada bajo cero en cercanías de Purmamarca, las balas de goma y los gases lacrimógenos intentaron dispersar los piquetes de educadores y representantes indígenas. Cerca de las 4 de la tarde, un nuevo empuje de los uniformados aún más violento cargó contra los manifestantes pero tampoco logró su cometido. Con la caída del sol, las detonaciones y nubes de humo se arremolinaron sin distinguir hombres, mujeres y menores de edad.

Centenares de fotos y videos circularon en redes sociales para evidenciar el ensañamiento que provocó heridas en rostros y torsos. En esos mismos testimonios, personas reclamaban frente a los oficiales solidaridad con la causa de las y los educadores jujeños. “No queremos ser esclavos, ustedes tampoco. Somos el mismo pueblo, ya hemos sufrido muchos años”, decía una maestra cruzada por el llanto ante una recia figura cubierta con chaleco antibalas y casco.

“Que renuncie Morales” y “Arriba los salarios, abajo la reforma” son las consignas que lideran la resistencia al gobierno radical. La última bandera hace referencia al aumento de salarios docentes, decidido de manera unilateral por el Estado provincial, que el gremio consideró insuficiente.

En paralelo, el poder legislativo jujeño había aprobado en la transición del viernes al sábado la reforma sobre el texto de la Constitución local que, según denuncian organizaciones populares, penaliza con dureza la interrupción de tránsito en calles y rutas. La provincia se encuentra en permanente movilización desde el inicio del tratamiento de la Carta Magna, a la par de la ausencia de acuerdo en la discusión paritaria educativa.

En tanto, el gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la modificación constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida «a nivel nacional».

Desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Agustín Rossi expresó la definición del gobierno nacional sobre el conflicto: “Repudio la brutal represión que ejerció la policía de Jujuy sobre quienes se manifestaban pacíficamente. Absolutamente inadmisible. Mi solidaridad y acompañamiento a las víctimas”, publicó en su cuenta de Twitter. El obispo jujeño, Daniel Hernández, instó a «un diálogo sincero para construir puentes y no dinamitarlos» entre el gobierno de Morales y los manifestantes.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, repudió «enérgicamente el atropello a los derechos constitucionales de los trabajadores de Jujuy que fueron reprimidos» y consideró como «preocupante» el intento de criminalizar «los derechos a reclamar mejores condiciones de trabajo y salarios dignos para todos».

La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, dijo que recibió denuncias «sobre represión» contra menores de edad en medio de las protestas, y el organismo informó que articula con otras dependencias oficiales para que «no haya detenciones» a personas de este sector etario por parte de las autoridades de esa provincia.

El presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Premio Nobel de la Paz 1984, Adolfo Pérez Esquivel, planteó que la reforma de la Carta Magna jujeña afecta «la protesta pero particularmente los derechos de posesión y propiedad de las tierras y territorios de las casi 400 comunidades indígenas»

El FIT se congregó en la delegación porteña de Jujuy, ubicada en avenida Santa Fe del barrio de Retiro. «Nos movilizamos para exigir que se dé marcha atrás con esta reforma constitucional que criminaliza la protesta social y creemos que las centrales obreras deben convocar a un paro nacional para repudiar estas acciones por parte del gobierno de Morales», señaló el diputado nacional Nicolás del Caño en declaraciones a los medios de prensa durante la protesta.