Reclaman justicia por tres familias campesinas que sufrieron un desalojo ilegal y violento

Tras haberse cumplido un mes del violento desalojo que tuvo lugar en el Paraje San Lorenzo 2, municipio de Wanda, provincia de Misiones, las personas afectadas reclaman que la justicia les brinde una respuesta. Son tres las familias campesinas que fueron sacadas a golpes de sus hogares. El terrible hecho fue protagonizado por las fuerzas policiales, en colaboración con la empresa multinacional ARAUCO S.A.

Las familias que resultaron víctimas trabajan la tierra hace más de una década en ese lugar. Fueron notificadas dos horas antes de ser desalojadas, lo que deja al descubierto un mal procedimientos por parte de las autoridades. Una madre estuvo tres días detenida y, mientras tanto, le prendieron fuego la casa.

Una de las víctimas del desalojo

“El pasado 5 de julio llegaron a nuestro domicilio más de cincuenta efectivos policiales, infantería y la jueza del municipio de Wanda, nos dijeron que teníamos dos horas para desalojar el lugar. Les explicamos que era muy poco tiempo, porque teníamos a nuestros animales, gallinas, chanchos y todas nuestras pertenencias”, reconstruyó Norma Segovia, en diálogo con Tiempo.

“Sergio Palavecino es empleado de la empresa ARAUCO, le pedimos que se acercara con su jefe para tratar el asunto y llegar a un acuerdo, porque no podíamos salir de la propiedad así de repente, pero no nos escuchó”, recordó la mujer. “El sargento García, que estaba a cargo del desalojo, nos dijo dos horas y nada más”, agregó.

“Entonces les preguntamos qué pasaría con nuestras cosas y nos dijo que iban a quedar bajo resguardo de la Justicia, hasta el momento perdimos todo”, reclamó Norma. “También pedimos que se acerque alguien del municipio o el dueño de la empresa, pero no nos escucharon y procedieron con brutalidad”, aseguró.

“Nos golpearon a todos, a los chicos, a mi esposo, a mi cuñado y a un muchacho que estaba ese día porque iba a trabajar con nosotros. Fuimos trasladados a la comisaría, a mi marido lo tenían en la camioneta de la infantería esposado, le pegaron y le tiraron gas pimienta en la boca y los ojos”, denunció Norma.

“A los adolescentes -mujeres y varones- también los esposaron igual que a mí, estuve todo el día en la comisaría, luego fui trasladada a la seccional de Esperanza y allí finalmente me sacaron las esposas”, aseveró Norma.

“Perdimos nuestros animales y todas nuestras pertenencias”, reclamó la mujer. “Ahora mi marido está trabajando en una empresa tabacalera, porque no pudimos recuperar nada, perdimos hasta la cosecha, nos rompieron todos los muebles”, apuntó.

“Estamos viviendo en casa prestada, el municipio ni apareció, fuimos dos veces, pero no nos atendió nadie, nuestro abogado está solicitando que nos den tierras para seguir trabajando y produciendo; estamos a la espera de una repuesta”; cerró la mujer. 

Sobre el operativo

Las víctimas que este diario entrevistó contaron que el operativo contó con el apoyo logístico de la empresa, que retiró con un camión propio todas las pertenencias de las familias, que hasta la actualidad reclaman. Hasta el momento se desconoce el lugar en el que se encuentran incautadas.

“Días antes al desalojo hubo una reunión entre el titular de la ARAUCO, Pablo Ruival; el vicegobernador de Misiones, Lucas Spinelli; el ministro de economía, Adolfo Safrán, y el ministro de Industria, Federico Fachinello, en la sede que la empresa tiene en el partido bonaerense de Olivos, en Buenos Aires”, detalló un vecino.

“Este desalojo dejó a cuatro menores de 7, 9, 14 y 15 años en situación de calle, traumatizados por la violencia y la pérdida de sus hogares. Ahora, a un mes del terrible hecho de violencia institucional, siguen sin respuesta. Las familias, organizaciones sociales y vecinos entregamos un petitorio en el que reclamamos nuevas tierras para que las familias puedan vivir y seguir trabajando”, dijo el hombre.

“El desalojo fue ordenado por el juez Juan Francisco Vetter, con la participación de la jueza de Paz, Ingrid Radke. Y el operativo policial estuvo dirigido por el ministro de gobierno, Marcelo Pérez. La intervención de más de cincuenta policías culminó con la detención, maltrato físico y psicológico de adultos y menores de edad. Los detenidos fueron liberados tres días después del grave hecho, el 8 de julio, gracias a la presión de las organizaciones sociales que acompañan a las familias”, señaló.

Según el Ministerio de Agroindustria, la provincia cuenta con 405 mil hectáreas de monocultivo. La empresa ARAUCOS S.A, está en Misiones desde 1996, fue acusada varias veces de agravar la crisis climática al excluir a los productores locales y dañar la biodiversidad del monte misionero.

La situación legal

“Estas familias fueron desalojadas como consecuencia de un proceso iniciado en 2015, el Juzgado Civil Comercial y Laboral de Iguazú fue el que ordenó ese desalojo que pidió la empresa ARAUCO”, contó José Luis Fuentes, abogado de la Fundación Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.

“Fue la jueza de paz de Wanda la que ejecutó el desalojo en el término de dos horas”, apuntó el abogado. “No hay expectativas de recuperar las tierras dado a que el desalojo está consumado y la posesión de las tierras la tiene la empresa. Estamos reclamando al Estado provincial que ubique a las familias en tierras productivas porque vivían de la chacra y ahora no tienen nada”, explicó.

“En términos jurídicos se produjo una terrible violación a los Derechos Humanos de estas personas, hubo niños y niñas esposadas, todos fueron golpeados y trasladados con sus familias en forma muy violenta a las comisarías de la zona”, aseguró Fuentes. “No se cumplieron con los protocolos de procedimiento, tampoco agotaron instancias de diálogo para buscar una solución al problema. Vemos la ausencia del Estado provincial y nacional; también del Poder Judicial”, finalizó.