Por orden de la Justicia una familia deberá devolver a la obra social los 278.000 dólares que costó la operación de su hija

La niña chaqueña Francesca Molnar, actualmente de 9 años, sobrevivió a una patología cardíaca grave gracias a una medida cautelar otorgada por la Justicia en 2018 que obligó al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la provincia del Chaco (Insssep) a cubrir una cirugía en Estados Unidos.

Cinco años después, apelaciones de por medio, el Supremo Tribunal de Justicia de Chaco –integrado por los magistrados Iride Isabel María Grillo, Víctor Emilio Del Rio, Emilia María Valle y Alberto Mario Modi– decidió que la familia debe reintegrar 278.000 dólares que costeó la obra social. Según publicó Diario Norte, dicha suma equivale a 41 años de sueldos y aguinaldos del padre de la niña, único ingreso familiar.

A corazón abierto

Francesca fue diagnosticada con una enfermedad cardiopática congénita cuando tenía apenas meses de vida. Acorde a lo publicado por El Ciudadano, debió someterse a cuatro cirugías a corazón abierto, cinco cateterismos cardíacos y cientos de tratamientos en distintas instituciones del país. En la última operación del año 2016, los médicos informaron a la familia que debían ingresarla a la lista de trasplantes.

No obstante, en 2018 la familia conoció la existencia de una intervención quirúrgica innovadora y costosa, una reconversión biventricular parcial. Ésta se llevaba a cabo en el Hospital de Niños de Boston, Massachussets, Estados Unidos y podría salvarle la vida por lo que se contactaron con ellos.

“Vimos un panorama muy oscuro, no tenía opciones acá en Argentina. Empezamos a averiguar y conocimos personas que habían pasado por lo mismo. Pedimos una segunda opinión en el Hospital de Boston e iniciamos una campaña”, explicó a la prensa Edgar Molnar, padre de la niña. Tras un relevamiento, los médicos de la institución aceptaron el caso de Francesca e informaron que el costo era de 278.000 dólares: una fortuna que ellos no podían pagar.

El camino sinuoso de la Justicia

La familia Molnar comenzó a difundir el caso por redes sociales y solicitaron a la obra social provincial, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco (INSSSEP), el costeo de la operación, lo cual no tuvo resultados positivos. Ante ello acudieron a la Justicia que, en primera instancia, falló en su contra, pero en apelación le otorgó la medida cautelar para que la cirugía se llevara a cabo, de esta manera salvaron la vida de Francesca. Sin embargo, mientras que la intervención tuvo lugar, la obra social apeló ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.

En tanto la apelación permanecía en el despacho de los jueces supremos de Chaco, la familia Molnar debió interponer además un recurso de amparo para que Francesca pudiera continuar con el tratamiento post quirúrgico lo cual tenía un costo de 36.690 dólares. La Justicia concedió ese recurso de amparo. Ahora, cinco años después, los jueces ordenaron que la familia asuma el costo total y le devuelva los dólares a la obra social. “Pedimos que la obra social detenga esta ejecución judicial. Si se llega a concretar, nos van a sacar todo”, manifestó con angustia la familia.

“Apelamos a la sensibilidad del gobernador”

La familia Molner reside en la localidad de La Tigra, interior de la provincia de Chaco. Está compuesta por el matrimonio de Edgar Molnar y Gabriela Alderete y 3 hijos de 22, 15 y 9 años. El único ingreso del hogar es el salario que Edgar cobra como empleado de la Municipalidad de La Tigra que, en mano, son unos 218.000 pesos. El monto que se le reclama equivale a 41 años de sueldos y aguinaldos actuales del jefe de familia.

Edgar Molnar y Gabriela Alderete conversaron con Diario Norte y expresaron: “apelamos a la sensibilidad del gobernador”, en referencia a Jorge Capitanich. “Estamos mal, porque sentimos que nos soltaron las manos de todos lados. Lo que hicimos fue luchar por la única posibilidad cierta que hallamos para que nuestra hija siguiera viviendo. Esto es terrible, porque no solamente nos dejaría sin nada sino que además cierra el camino a la necesidad que Francesca tiene de seguir siendo atendida”, manifestaron.

“En los hechos esto significa que nos vamos a quedar sin nada. Sin nuestra casa, sin nuestras cosas, pero además significa que ya no vamos a tener manera de continuar el tratamiento de Francesca, que necesita de un seguimiento y, más adelante, de una nueva cirugía que complete lo que ya se hizo y que es una nueva intervención cuando su corazón esté más maduro”, afirmaron.

Tras la sentencia, interpelaron al gobernador Capitanich: “lo que le pedimos es que tenga la sensibilidad que no tuvieron otras autoridades que intervinieron en todo este proceso”, concluyeron.