Una jueza del Trabajo hizo lugar al requerimiento iniciado por la CGT contra el DNU 340. El gobierno busca llevar la discusión al Contencioso Administrativo.
El fallo lleva la firma de la jueza Moira Fullana, quien declaró la competencia del Fuero Laboral en el caso, admitió la vía de amparo impulsada por el equipo jurídico de la central obrera e hizo lugar a la petición. En la parte resolutiva también ordenó “suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25 con relación con la CGT los trabajadores representados por dicha entidad gremial” Ello, dice el fallo, “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
En el suspendido artículo 2, el gobierno había declarado como servicio esencial la navegación marítima destinada al transporte comercial. En el artículo 3, en tanto, había fijado los porcentajes de prestación normal de servicios que los trabajadores de actividades esenciales y de importancia trascendental debían garantizar durante medidas de fuerza. Eran del 75% y 50% respectivamente, lo que en los hechos implicaría restringir al extremo el derecho a huelga.
En el fallo, la jueza también deslizó que la decisión del gobierno se tomó en el marco de una delegación de facultades. Sin embargo, marcó que “en el presente caso, el Congreso de la Nación se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional (DNU) previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”.
En esa línea, la magistrada también afirmó que “encuentro preliminarmente configurado el peligro en la demora puesto que la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y superlegal”.
“El juzgado entendió que había argumentos para dictar la cautelar y que la medida tiene un ámbito de aplicación extendido por la representación de la CGT. Tambien que el gobierno pretendió introducir en un decreto de la Marina Mercante una nueva prohibición del derecho de huelga como así fue entendido por los representantes jurídicos de mayor importancia de la Argentina como son Daniel Funes de Rioja y Julian De Diego. Acá había un intento solapado de introducir restricciones del derecho de huelga”, comentó a Tiempo Pablo Topet, abogado de la CGT.
Mientras tanto, los representantes jurídicos del gobierno ya desplegaron su estrategia, centrada en sacar la discusión por el derecho a huelga del Fuero Laboral y llevarla a un fuero que podría resultarle más amigable en ciertos casos como lo es el Contencioso Administrativo.
Por eso, una de las primeras cosas que hicieron tras la presentación de la CGT fue pedir la revocatoria de la resolución del 26 de mayo pasado en la que la jueza Fullana asumió la competencia. En paralelo, el gobierno presentó en el Contencioso Administrativo un planteo de inhibitoria destinado, justamente, a que los cuestionamientos al DNU 340 dejen de estar bajo la órbita de la mencionada magistrada.
En esa línea, en su fallo destinado este lunes, Fullana expresó: “Debo señalar que en la presente causa no existe comunicación formal desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal que dé cuenta de la admisión de la inhibitoria denunciada”. Al cierre de este artículo, Tiempo pudo corroborar que no había movimientos de relevancia en ese expediente.
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