¿Qué esconde el apuro por crear juzgados laborales porteños?

Modernización, agilidad, eficiencia y autonomía. Esas son algunas de las palabras que llegan de la mano de la campaña para crear el Fuero del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Detrás de esas palabras lustrosas, que parecen estar cubiertas sólo de significados positivos, hay un objetivo claro: que la Ciudad tome en sus manos las competencias laborales que actualmente tiene la Justicia nacional.

Sin embargo, el plan que impulsa el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y que tiene como ejecutor a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, abogado defensor de empresas, activó las alertas de quienes defendemos trabajadores: de las y los abogados y de los sindicatos. La sospecha, que no deja de crecer, es que este nuevo fuero podría convertirse en otro eslabón de la cadena de retrocesos en materia de legislación laboral. Las regresiones son -siempre- para la parte más débil en la tensión capital-trabajo.

Argumentos a favor de los nuevos juzgados

Uno de los principales argumentos a favor de este nuevo fuero es que la justicia local podría atender de manera más ágil y con mayor proximidad los conflictos laborales. Pero este razonamiento no se sostiene si analizamos los problemas estructurales del sistema judicial en general. La justicia porteña, con su reciente autonomía en lo penal, contencioso, administrativo y tributario (con sus límites), ha demostrado que no necesariamente mejora el servicio con la sola transferencia de competencias.

Los recursos y capacidades de la justicia local están, en muchos casos, por debajo de lo que el sistema laboral demanda. ¿Cómo puede esperarse que un sistema que aún está consolidándose asuma la enorme carga que implica la justicia laboral sin que eso genere más retrasos, más burocracia y, en última instancia, mayor vulnerabilidad para los trabajadores y sus sindicatos? En la justicia nacional hay 80 juzgados y 10 salas de apelaciones. En la justicia laboral de la ciudad se pretende crear apenas 10 juzgados y 3 salas. Las cuentas no dan.

Argumentos en contra

Las negociaciones entre el gobierno porteño y sectores empresariales y sindicales son un signo de alarma. Las resistencias de los sindicatos reflejan que no todos ven en este fuero una mejora y muchos temen que se trate de otro paso hacia la desregulación laboral.

¿Qué garantías tendrán los trabajadores de que sus derechos serán protegidos en un sistema más expuesto a las presiones locales? ¿Qué se puede esperar en materia de designación y remoción de jueces en un Consejo de la Magistratura dominado por años de macrismo, que tiene en su ADN una mirada antisindical y contraria a los derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo? En eso son casi hermanos siameses con el gobierno libertario que incluyó una reforma laboral regresiva en la Ley Bases, que fue diseñada en los estudios jurídicos de las empresas.

Además, en la Ciudad el Tribunal de Justicia tiene facultades casatorias, es decir que la jurisprudencia que establece sobre un tema resulta obligatoria para los juzgados inferiores. Eso no significa otra cosa que una garantía de disciplinamiento hacia abajo en temas candentes como el derecho de huelga, las discriminaciones en los despidos (sobre todo las que ocultan motivaciones gremiales) y tantas otras, que fueron incluidas en la Ley Bases.

Por eso, la creación de un Fuero del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una amenaza a los derechos laborales conquistados durante muchos años de lucha sindical, que fueron plasmados en una ley nacional. Esa amenaza está en línea con la política de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional con la licuación de derechos en contra de las y los trabajadores.