El gobierno provincial triplicó su presupuesto en infraestructura para palear el abandono de la Nación, que dejó 1000 obras abandonadas. Los sectores que son estratégicos.

Desde que asumió Milei, Nación paralizó mil obras que estaban en marcha en la Provincia. Después de reclamar el traspaso y el envío de los fondos, el gobierno bonaerense resolvió concluir con presupuesto propio más de 300 consideradas prioritarias: 86 Centros de Desarrollo Infantil en 60 municipios que beneficiarán a más de 8 mil niños y niñas; 38 obras en 24 universidades nacionales que estaban a punto de finalizarse, y 200 obras de agua y saneamiento -plantas, acueductos y redes- que fueron abandonadas. Esto implicará la creación de nuevos puestos de trabajo.
La decisión implica un aumento también del presupuesto que Provincia destina al ítem obra pública. En diciembre de 2023 estaba prevista una inversión de 248 mil millones, una cifra que ya subió a 516 mil millones de pesos y que prevé llegar a 695 mil millones a fines de este año. «Es casi el triple de lo previsto a fines de 2023. Ese incremento indica la prioridad y la participación que la obra pública está teniendo en la Provincia», marcó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, en la conferencia de prensa en la que anunció la reactivación de las obras.
En cambio, la Nación, en lo que va de 2024, únicamente ejecutó el 28% del presupuesto y mantiene activas sólo 97 obras contra las 2308 que estaban en marcha cuando asumió. A junio se perdieron 104 mil puestos registrados en el sector de la construcción contra los 480 mil empleos que había al mismo mes de 2023.
La paradoja es que la administración libertaria lleva recaudados por el impuesto PAIS y otros 1,6 billones de pesos para infraestructura vial, saneamiento, agua y cloacas, recursos que están afectados por ley, pero no los usa. «Hoy tienen más de un presupuesto entero sin ejecutar. No es que no hay plata, están los recursos, están afectados. Hay mezquindad e inoperancia del gobierno», remarcó Katopodis.
Otro flanco en el que avanza el gobierno de Kicillof es la ayuda frente a lo que califican como una “tragedia social”. Los datos del INDEC revelaron en los últimos días que el 66,1 % de los menores de 14 años viven en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica total. La pobreza pega especialmente en el Conurbano bonaerense. «Para nosotros no es una sorpresa porque advertimos desde el primer minuto del gobierno de Milei cuáles serían las consecuencias de sus políticas y hoy no vemos ninguna señal de que esto vaya a cambiar», dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en declaraciones a Radio Re. Y advirtió: «El panorama es trágico en términos sociales y el gobierno de Milei demuestra ser absolutamente inhumano».
Frente a la ausencia del Estado nacional, el gobierno bonaerense viene incrementando la inversión tanto en los comedores escolares y comunitarios, en las becas y programas de asistencia a la niñez, y en la entrega de alimentos. En la actualidad dos millones y medio de estudiantes desayunan y meriendan en las escuelas y un millón cien mil asisten a los comedores como parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE). A esto se suma el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) que comenzó a distribuirse en pandemia y hoy llega a 2 millones de familias vulnerables.
En lo que va del año, la inversión de estos dos programas subió un 142% y, en los últimos días, se anunció una suba del 20% en las becas de Hogares y Casas de Abrigo destinadas a niñez y adolescencia. En tanto que la asistencia a los comedores comunitarios aumentó de 24 millones de kilos en 2019 a 67 millones de kilos en 2024, lo que representa un aumento del 180 por ciento.
La suba de las tarifas de luz, gas y agua es otra medida nacional que el gobierno bonaerense rechaza de plano. Katopodis, que tiene bajo su órbita los servicios públicos, lanzó el jueves la convocatoria a un foro multisectorial contra los tarifazos en la provincia y en el país. Reflotó así una iniciativa que ya había llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri y que derivó en múltiples acciones en la Justicia así como amparos.
El primer encuentro se realizó el jueves y reunió a asociaciones de usuarios y consumidores, clubes de barrio, electrodependientes, PyMEs, sindicatos, jubilados, inquilinos y cooperativas para organizarse y armar un plan de acción para ir contra los aumentos desmedidos de los servicios esenciales.
«Este Foro Multisectorial, al que se le irán sumando otras representaciones de la sociedad, se va a plantar fuerte y hará todo lo que esté a su alcance para frenar esta suba interminable de servicios públicos en todo el país», anunció el ministro. La multisectorial ya trabaja en la presentación de un recurso de amparo, entre otras medidas futuras. «
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