Las negociaciones con Juntos por el Cambio están avanzadas pero no cerradas. El gobernador espera tener aprobadas las dos leyes antes de la Navidad.
La Cámara de Diputados y el Senado fueron convocados a sesionar el martes. En los planes del oficialismo, la idea era tratar ambos proyectos el jueves pasado, en la primera sesión extraordinaria, pero el acuerdo no terminó de cerrarse y ahora trabajan contrarreloj para aprobar las leyes antes de Navidad.
Kicillof necesita de los votos de Juntos por el Cambio para aprobar el endeudamiento de 65 mil millones, que requiere mayoría especial. El presupuesto girado a la Legislatura prevé gastos por 1,9 billones de pesos y una fuerte inversión en obra pública. La ley fiscal prevé subas de hasta 32% en los impuestos automotor e inmobiliario urbano y rural para el 99% de los contribuyentes.
La discusión gira en torno a los fondos para los municipios que reclaman los intendentes de la oposición y también los del Frente de Todos. El gobierno aceptó incluir un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que será usado por cada jefe comunal para obras locales, pero la disputa es por el número final. La oposición reclama 17 mil millones, que representa el 10% del presupuesto total para infraestructura, y el Ejecutivo se estiraría a 10 mil.
El segundo punto en disputa son los 4500 millones que el Ejecutivo le prestó a los municipios para afrontar gastos de la pandemia. Las comunas deben comenzar a devolver la plata en enero y la oposición reclama estirar el plazo. Kicillof accedería a prorrogarlo hasta diciembre de 2021.
Las negociaciones están a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de Diputados, Federico Otermín, con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio en ambas cámaras, y los presidentes de bancada del oficialismo.
La tercera pulseada es por los 25 cargos que reclama JxC en organismos de control y empresas del Estado. Esa negociación, que el oficialismo quiere dar por separado, la libran mano a mano Kicillof y su antecesora María Eugenia Vidal. El gobernador puso como condición que el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, deje su silla libre. Por ahora no hay consenso. «
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