El nuevo gobernador consideró que su nuevo ministro de Salud, Daniel Gollán, y el titular de ARBA, Cristian Girard, fueron víctimas del lawfare por haber integrado el gobierno de Cristina Fernández.
Entre los argumentos de la designación de ambos funcionarios el flamante mandatario provincial hizo referencias a que ambos fueron víctimas de una “injusta persecución penal” enmarcada en el Lawfare.
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Gollán está procesado en la causa que el juez Claudio Bonadio lleva adelante por supuestos sobreprecios en el plan Qunita durante la gestión de Cristina Fernández. El mismo juez procesó a Girard por su paso como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2014 y 2015 en la causa Dólar Futuro, donde también Kicillof fue denunciado.
Así, Kicillof sostuvo en ambos casos que sufrieron “una injusta persecución penal”.
“Que, en tal sentido, dicho proceso se encuadra bajo el concepto de “lawfare”, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”, indicó.
Y agregó: “Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública”.
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