Kicillof pide facultades a la Legislatura para renegociar y rescindir contratos, y suspender aumentos de tarifas

El gobierno bonaerense busca facultades para rescindir y renegociar contratos del sector público, suspender aumentos tarifarios por 180 días, y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas, según contempla el proyecto de emergencia económica, social, energética y productiva anunciado hoy y que enviará en las próximas horas a la Legislatura bonaerense.

«En materia de vivienda hay 4.400 viviendas paralizadas por 1.200 millones de pesos, 40 obras de arquitectura por 250 millones paralizadas, 136 obras con retrasos en ejecución por 1.950 millones de pesos, entre otras», detalló el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, en conferencia de prensa, en la Gobernación bonaerense en La Plata. Y adelantó que «todos los contratos de infraestructura hidráulica serán revisados y eventualmente renegociados».

Así fundamentó Bianco el envío en las próximas horas a la Legislatura provincial del proyecto, que autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras, bienes y servicios, «debido a la existencia de múltiples contratos en suspenso». Otro ítem del proyecto faculta al Ejecutivo a llevar adelante gestiones y actos necesarios para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, y otro crea un programa de asistencia a las micro y pymes y pequeños y medianos productores.

También en el marco de la ley de emergencia cuya aprobación se pide, se autoriza a implementar a través de ARBA un régimen de regularización de deudas para micro y pymes «por obligaciones fiscales vencidas al 31 de diciembre próximos», para lo cual se exigirá a la empresa que acceda a esa regularización que «mantenga la dotación de su personal», y se fijan tres formas de pago: al contado, en 3 cuotas sin interés y pagos de hasta 120 meses con el debido interés.

En el marco de la emergencia social, se solicita poder articular con el gobierno nacional la implementación de los programas dictados en el marco de la emergencia alimentaria nacional.

Finalmente, y al igual que a nivel nacional, se suspenden los aumentos tarifarios durante 180 días, con posibilidad de prorrogarlos durante todo lo que dure la emergencia energética; y también se prevé facultades para «iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión con carácter extraordinario».