El gobernador enviará a la Legislatura un proyecto de ley para poder hacerse cargo de las obras nacionales frenadas. También anunció una suba del 100% en la asistencia a discapacitados y puso en valor la suba del 5% a los estatales y docentes.
“Vamos a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires: el estado de abandono por su paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses”, anunció Kicillof el lunes en conferencia de prensa junto a los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Economía, Pablo López.
El proyecto de ley tiene por objetivo buscar el apoyo de la Legislatura bonaerense para que el Ejecutivo bonaerense pueda hacerse cargo de las obras púbicas frenadas y también del mantenimiento de las rutas que son de jurisdicción nacional pero atraviesan territorio bonaerense. Pese a los múltiples reclamos de Kicillof a las autoridades nacionales, e incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay por el momento ninguna respuesta ni solución a la vista.
Kicillof explicó que la medida busca “poder garantizar la seguridad en los casos en los que haya riesgos para la vida de las personas: vamos a pedir herramientas para continuar las obras, rescindirlas o recuperarlas desde la provincia”. Y remarcó que en todos los municipios hay quejas de vecinos y vecinas por el estado de las rutas y por los accidentes que genera la situación.
“Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo muchos programas de ajuste, ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional”, señaló Kicillof. Y añadió: “Ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de $12 billones, lo que representa casi 10 meses de recaudación”.
El mandatario subrayó que Nación no sólo “se apropia de recursos que son de asignación específica por ley”, sino que tampoco transfiere a la Provincia obras claves como la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado o la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca tras la inundación. “Es muy grave que esté la obra pública paralizada y es poco inteligente”, sintetizó.
Además de la movida para reactivar la obra pública, Kicillof también anunció una medida destinada a reforzar los programas destinados a las personas con discapacidad en la provincia, una medida que contrasta con el veto de Milei a la ley de emergencia para ese sector.
En concreto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dispuso un incremento del 100 % en los peculios (incentivos) que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40 % de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en toda la Provincia.
“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, destacó Larroque y resaltó que esta medida “implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”.
Larroque también anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También detalló la incorporación de equipamiento específico del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones de la Provincia.
“Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque.
Las paritarias con los trabajadores estatales son otro punto de contraste. A diferencia de Nación que ofreció un 7,5% por seis meses, el gobierno bonaerense cerró la semana pasada un nuevo acuerdo paritario de 5%, a pagar en agosto y octubre, con los trabajadores estatales y docentes de la provincia.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sacó chapa del acuerdo con todos los sindicatos estatales, docentes que representan a los trabajadores del Estado provincial.“La semana pasada cerramos un nuevo acuerdo paritario con un aumento de 2,5% en agosto. A pesar de una compleja situación fiscal, los salarios de las y los trabajadores provinciales alcanzarán un 22,9% de aumento acumulado en lo que va de 2025”, señaló en redes sociales.
El funcionario cuestionó a Nación y acusó de tener un superavit a costa de
los trabajadores y jubilados. “Mientras las provincias hacemos un enorme
esfuerzo por sostener los ingresos de maestros, policías y médicos; el Gobierno
nacional maquilla el superávit apropiándose de recursos que deberían destinarse
a obras y emergencias, entre muchos otros, y ajustando salarios y jubilaciones”,
dijo.
“Al abandono y la crueldad del Gobierno nacional le oponemos consenso,
trabajo y diálogo. Porque sabemos que esa es la mejor manera de seguir
construyendo un mejor futuro para las y los bonaerenses”, señaló López y, en
modo campaña, completó: “El 7S, la boleta de #FuerzaPatria”.
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