El gobernador y el fiscal de Estado, Hernán Gómez, presentaron un nuevo escrito ante el tribunal y le pidieron celeridad con los casos de Córdoba y Santa Fe como antecedente.
En el escrito, que lleva también la firma del fiscal de Estado, Hernán Gómez, el Ejecutivo bonaerense pide al máximo tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que «tenga a bien expedirse sobre su competencia» y que «se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria», debido a la «apremiante situación económica» que atraviesa la provincia «y a los intereses públicos comprometidos de índole previsional en juego».
El reclamo judicial se inició en abril del año pasado cuando la provincia de Buenos Aires le pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad del DNU 280/24 por el que el gobierno de Milei cortó las transferencias que la ANSES hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Los montos reclamados corresponden a la «compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional», a valores actualizados. A agosto de este año, la deuda acumulada ya asciende a 1,6 billones de pesos por ese concepto.
En la presentación realizada este martes, el Ejecutivo cita dos fallos recientes de la Corte en favor de Córdoba y Santa Fe por el mismo reclamo. En ambos casos, los jueces llamaron a audiencias conciliatorias. En el caso cordobés, Nación reconoció formalmente la deuda y propuso pagar 60 mil millones a cuenta del año 2025, en cuotas durante 12 meses. En el de Santa Fe, no hubo acuerdo y el litigio continúa.
La deuda por fondos jubilatorios es apenas la punta de iceberg del reclamo bonaerense. En total, la administración de Kicillof le reclama al gobierno de Javier Milei el pago de 12,1 billones por distintos ítems desde diciembre de 2023.
Según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ese monto corresponde a la deuda directa que Nación tiene con el distrito, a las obras públicas frenadas desde diciembre de 2023 y a los programas nacionales discontinuados o demorados.
Las deudas directas suman 3 billones de pesos e involucran las transferencias a la caja de ANSES y fondos como el de Incentivo Docente y el de Fortalecimiento Fiscal, que se destinaba para pagar el programa de Seguridad.
El monto en Infraestructura asciende a 6,9 billones de pesos en obras paralizadas en materia de Educación, Salud, Viviendas, Vialidad e infraestructura en los municipios. En este punto se destacan 180 obras comprometidas que se paralizaron (por 4.018 millones de pesos); programas de vivienda como PROCREAR (1.254 millones de pesos), Casa Propia y Reconstruir (300 millones de pesos), que preveían la construcción de más de 16 mil viviendas en decenas de municipios.
A esto se suman más de 2,2 billones de pesos correspondientes a programas nacionales que fueron discontinuados o que presentan retrasos significativos en su implementación. Bianco mencionó nuevamente al FONID (687 millones de pesos) y al FOFOFI (1.251 millones de pesos), pero también incluyó iniciativas como el Programa Acompañar (46 mil millones de pesos), Potenciar Trabajo (4.056 millones de pesos), el plan Remediar de entrega de medicamentos, Clubes a la Obra (3.421 millones de pesos), asistencia alimentaria a comedores no escolares (87.641 millones de pesos) y ayudas por emergencias climáticas (19.982 millones de pesos).
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