La liquidación de divisas de los agroexportadores en 2024 mejoró con relación al año previo, pero no fue suficiente para sanear los números de la autoridad monetaria.
Se trató de una temporada con matices en la comparación con las anteriores. Las divisas representaron un 27% más que las obtenidas el año anterior, afectado por la sequía más grave de las últimas seis décadas. Sin embargo, estuvo casi 40% por debajo de los U$S 40.438 millones correspondientes a 2022, cuando el régimen especial denominado “dólar soja” creado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, incentivó fuertemente las exportaciones.
El monto de 2024 se engrosó en los últimos meses gracias a que en un hecho inusual las liquidaciones fueron más altas en el segundo semestre, siendo que entre abril y junio es el período de ventas de la denominada cosecha gruesa. Así, el 56% de las divisas ingresadas correspondió al período julio-diciembre. En ese último mes del año entraron U$S 1966 millones.
Algunos observadores creen que la demora en la liquidación se debió a un error de cálculo sobre la evolución del dólar, ya que muchos apostaban a un tipo de cambio más elevado y recién accedieron a vender cuando entendieron que eso no sucedería. “Los que cayeron equivocaron el plan de negocios y los supuestos económicos. Esperaban devaluación, inflación y tasas bajas. Aquí está el problema, no la vieron o se dejaron llevar por pronósticos equivocados, que hubo muchos”, analizó en sus redes sociales el economista Salvador Di Stéfano, que sigue de cerca la situación agropecuaria.
Sin salvación
Lo cierto es que, a diferencia de otros años, el aporte del campo no fue la salvación del Banco Central, que según estimaciones privadas terminó el año con reservas netas negativas en alrededor de U$S 2500 millones. Una decisión tomada al más alto nivel contribuyó a ese resultado negativo: el Ministerio de Economía mantuvo el sistema que habilitó a que los exportadores vendieran el 20% de sus dólares a través del mercado de bonos, para mantener controlado el tipo de cambio contado con liquidación (CCL). Ese “blend” hizo que el BCRA dejara de capturar algo más de U$S 5000 millones de las agroexportaciones. Si las hubiera tomado, hubiese cerrado 2024 con resultado positivo.
Los números relativizan el concepto, muy difundido en la creencia popular, de que una buena cosecha soluciona todos los problemas de liquidez en divisas del gobierno. Si se proyectan los números del Indec, en base a los U$S 72.642 millones ingresados hasta noviembre, el complejo agroexportador sólo aportará este año 3 de cada 10 dólares provenientes del comercio exterior.
El plan que no fue
La realidad parece haberse quedado bastante corta con relación al horizonte optimista que se trazaba hace apenas un lustro. Apenas llegado al poder, el Frente de Todos consagró como interlocutor privilegiado del sector al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un conglomerado de actores económicos con preeminencia de las empresas dedicadas a la elaboración de aceites y otros derivados con cierta elaboración. Fue una respuesta política para sacarse de encima a la molesta Mesa de Enlace, donde tenían mayor peso los representantes de grandes extensiones rurales y productores de granos, que desde la discusión por las retenciones móviles en 2008 estaban fuertemente enemistados con el kirchnerismo.
En esas conversaciones en los albores del gobierno de Alberto Fernández, el Consejo presentó un plan para alcanzar exportaciones por U$S 100.000 millones en una década. “Gran parte del comercio internacional actual proveniente del sector agroindustrial ya corresponde a intercambios de bienes con algún grado de elaboración, incluyendo alimentos elaborados y diferenciados con mayor valor agregado, biocombustibles, otros productos biobasados, e insumos y tecnologías de proceso y de producto en las cuales Argentina ha tenido interesantes desarrollos”, reza el plan que el CAA todavía promociona.
La pandemia y la implosión del Frente de Todos le quitaron impulso a la iniciativa. La llegada de Javier Milei reconfiguró la escena y los cañones del gobierno para obtener dólares apuntan a brindar facilidades a corporaciones internacionales a través del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Las agroexportaciones, todo indica, pasaron a ocupar páginas secundarias en la agenda oficial.
El panorama de lo que puede suceder con el agro en 2025 todavía está difuso. La preocupación radica en los precios en los mercados internacionales, muy inferiores a los de campañas recientes. “La variabilidad de las cotizaciones se incrementó sustancialmente en los últimos años. En el período 2020-2024, los precios de los principales productos del agro tuvieron el triple de volatilidad que en los cinco años anteriores. El precio conjunto de los tres principales cultivos argentinos (soja, maíz y trigo) tuvo la mayor volatilidad de precios, con sus valores oscilando tres veces más que en el período 2015–2019”, plantea un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el caso de la soja, los valores del mercado de Chicago, utilizado como referencia, rondan los U$S 370 por tonelada, un 40% menos que el récord de hace dos años. «En términos nominales, el trigo, el maíz y la soja han tocado sus valores más bajos desde 2020, mientras que, a precios reales, el poder de compra de los granos tocó su valor más bajo en 18 años», señala la entidad.
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