El perjuicio al Estado estimado asciende a 110 millones de pesos.
La denuncia penal de la AFIP contra Vicentin y sus responsables por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales fue presentada el viernes 21 de agosto ante el Juzgado Federal de Reconquista.
Allí, el magistrado en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, ex empleado del Banco Nación, logró frenar la intervención estatal y repuso en el directorio a los dueños investigados por lavado, triangulación y estafa a la banca pública.
Este domingo Tiempo reveló que fue Mauricio Macri quien mandó a presionar la juez para que impidiera el avance de la intervención de la cerealera estafadora. Fue el ex director del Banco Nación quien le había otorgado créditos por 18 millones de pesos en noviembre pasado que luego desaparecieron días después, cuando la empresa pidió el concurso de acreedores.
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El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas. La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.
Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados.
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