La agenda del 8M estuvo marcada por la ofensiva antiderechos

El grito por la caída del patriarcado, que cada 8 de Marzo se renueva con la fuerza de la organización del movimiento de mujeres, este año fue más profundo, más doloroso, pero no por eso menos explosivo.

Después de un año intenso de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que permitió un considerable crecimiento en todo el país de los diversos colectivos feministas, se logró una jornada de lucha con consignas globales y eminentemente políticas.

El 2019 comenzó con una cifra ominosa: alrededor de 40 femicidios y travesticidos en apenas dos meses, una decena de nenas abusadas y la renovada ofensiva de los grupos antiderechos que intervienen para que no se cumpla la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo que debe aplicarse en situaciones de violación. Pero encuentra enfrente un movimiento organizado y en pleno crecimiento, que se traduce en debates profundos y en una militancia sorora sin fisuras.

Los desafíos que articuló este año el 8M tienen que ver con un presupuesto real y efectivo para prevenir y contener los casos de violencia de género, por la urgente aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todas escuelas del país y por una fuerte intervención política que impida que los médicos objetores de conciencia expongan a las víctimas de abusos sexuales y que la Iglesia se interponga en la aplicación de la ley, en un contexto que el movimiento de mujeres identifica como de auge del neoliberalismo fascista.

Niñas, no madres

En enero, una nena de 12 llegó al hospital público de San Pedro de Jujuy con fuertes dolores abdominales. Confesó que había sido violada por un vecino y detectaron, tarde, que estaba embarazada de aproximadamente 22 semanas. No quería tener ese hijo producto de un abuso sexual. Sin embargo, el director del hospital se negó a practicar el aborto que desde 1921 prevé la ley. Fue el comienzo de un periplo que sentó un nefasto antecedente. Los médicos revelaron públicamente el cuadro clínico de la menor, y mientras le negaban su derecho a interrumpir el embarazo, el tiempo fue avanzando hasta que el equipo de salud terminó practicándole una cesárea, es decir, obligando a parir a la niña violada. La neonata murió tres días después de haber nacido con menos de 500 gramos y los órganos no desarrollados.

Semanas después, Tucumán fue el escenario de un caso similar. Una niña de 11 años llegó al Hospital Eva Perón con su mamá pidiendo que le realizaran un aborto no punible. La nena había sido violada por la pareja de su abuelo y estaba embarazada de casi 19 semanas. Se lo negaron. El caso también se dio a conocer públicamente y las dilaciones y obstáculos por parte de funcionarios judiciales derivaron otra vez en  una cesárea forzada, mientras a las puertas del hospital, un grupo de autodenominados «pro vida» realizaban una vigilia convocada por el mismo arzobispo de Tucumán, para «proteger al feto».

Lo sucedido en Tucumán tuvo repercusión internacional por las características inéditas del caso: los poderes Ejecutivo y Judicial se unieron para impedir que se cumplan los derechos de una niña. «Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Tucumán denunciamos el violento accionar del sistema público de salud de la provincia, que obligó a una niña de 11 años a someterse a una cesárea habiendo manifestado en reiteradas ocasiones, desde hace dos meses, la voluntad de interrumpir el embarazo. No sólo ella sino también sus familiares», expresó el colectivo de mujeres tucumanas. «Exigimos la renuncia inmediata de los responsables que han torturado a una menor sin ningún tipo de escrúpulos: Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo médico del SIPROSA), Rossana Chahla (ministra de Salud Pública de la provincia), Juan Manzur (gobernador de Tucumán), Elizabeth Ávila (medica pediatra de neonatología del Hospital Eva Perón) y Washington Navarro Dávila (ministro de la Defensa). Exigimos la inmediata implementación del protocolo de ILE en los hospitales de toda la provincia», dice entre otras cosas el comunicado.

Sin embargo, y más allá de las repercusiones, aún nadie paga en Jujuy y Tucumán la responsabilidad de haber torturado a esas niñas. Y el aval del poder político a los grupos antiderechos es sin duda el que propicia su preocupante ofensiva. «

Caja de resonancia de la conflictividad social

El llamamiento al paro del colectivo Ni Una Menos consigna el logro de haber compuesto «transversalmente todos los sentidos, tiempos, espacios y prácticas de la huelga», que ha convertido al movimiento de mujeres «en un movimiento verdaderamente anti-neoliberal». Consigna que «es imposible» enfrentar al fascismo «moderando las demandas» del feminismo, que «no es cotillón de ONG, ni es inofensivo en términos de disputas políticas, ni puede ser banalizado como lenguaje de legitimación para prácticas neoliberales». «El movimiento feminista –agrega la convocatoria– se ha convertido en caja de resonancia de toda la conflictividad social, tramando alianzas que rompen las jerarquías patriarcales, construyendo complicidad entre luchas, elaborando nuevas prácticas y lenguajes para la emancipación».

Actrices Argentinas

El colectivo de Actrices Argentinas, visibilizado con fuerza desde el año pasado durante del debate por el aborto y las denuncias de abuso sexual, también convoca al 8M «para gritar con la voz de quienes ya no tienen voz por el fin de la violencia misógina, transfóbica y homofóbica, y para que el Estado aplique y profundice de manera urgente políticas de género». Demandan en su comunicado que «el Estado cumpla con implementar la educación sexual integral y laica, y que se garantice a las niñas de todo el país el derecho inalienable a ser niñas, no madres», además de abogar por la separación de las iglesias y el Estado.

CRECIMIENTO

Este año, y luego de los debates durante el Encuentro Nacional de Mujeres, se incluyeron dos categorías para la jornada de lucha: paro plurinacional e internacional de mujeres.