La AGN revela una subejecución de partidas sociales

El colegio de auditores de la Auditoría General de la NAción (AGN) aprobó un informe especial que cuestiona al Ministerio de Hacienda y el giro de la política económica y tributaria en detrimento de los servicios sociales y a favor de la actividad agropecuaria. La sesión se produjo en un marco de acefalía de la institución.

Según un informe especial aprobado el miércoles pasado por el organismo de control, y publicado el viernes, el Presupuesto autorizado por el Congreso nacional para el presente ejercicio sufrió sensibles modificaciones a la hora de su aplicación durante el primer trimestre de este año.

En general, se produjo una erogación del 21,5% del gasto asignado por el Presupuesto para el período analizado. Pero esas erogaciones no se liberaron en forma homogénea.

A la hora de analizarlas, desde el punto de vista de las finalidades y funciones, los sectores más perjudicados fueron, en general, los que están abarcados en «servicios sociales», pero en particular el ítem vivienda y urbanismo, cuyas erogaciones fueron un 92% inferiores a las ejecutadas durante el mismo período del año 2015. El plan Pro.Cre.Ar no tuvo erogación alguna y se destinaron fondos marginales para otros planes de vivienda.

Como contrapartida, la función «Agricultura» muestra un incremento del gasto ejecutado mayor que el estipulado en la Ley de Presupuesto y muy superior al promedio del crecimiento en el gasto general. Sus erogaciones crecieron un 36,5%, mientras que los correspondientes a la Administración Nacional se elevaron en un 24,6 por ciento.

Se trata del mayor aumento en la ejecución presupuestaria de la función «Agricultura» desde el año 2009 y coincide con un período en el cual, por otro lado, el sector se benefició con fuertes quitas en lo que hace a la presión tributaria a partir de las modificaciones en la política de retenciones. De esta forma, el sector agrícola se benefició con un subsidio por dos vías, más ingresos provenientes del presupuesto y menos aportes al fisco por la vía del pago de retenciones agropecuarias.

El informe especial fue elaborado por la Gerencia de Control de Cuenta de Inversión, a cargo de la auditora Vilma Castillo, quien fuera la interventora estatal de Aerolíneas Argentinas en el período previo a su renacionalización, y resulta del Proyecto nº 10 1 2931.
Lo sugestivo es que la sesión del Colegio de Auditores (que estuvo virtualmente paralizado durante todo 2016) se realizó el miércoles 10 en un marco de acefalía de la institución por la renuncia previa del auditor general, Ricardo Echegaray, y horas antes de la designación de Jorge Lamberto en su remplazo. La audiencia, además, fue presidida por el radical Alejandro Nieva puesto que, quien venía oficiando de presidente interino, el auditor del FPV Javier Fernández, se ausentó.

En diálogo con este diario, la auditora Vilma Castillo explicó que «cualquier ciudadano asume que al transcurrir un trimestre debiera esperarse el avance del gasto en un 25 por ciento. Con la excepción de la función Administración Fiscal y Servicio de la Deuda Pública, todas las demás presentan subejecución presupuestaria. Se destacan Vivienda y Urbanismo, Educación y Cultura, Trabajo, Promoción y Asistencia Social y Salud en la finalidad «Servicios Sociales».

En la finalidad «Servicios Económicos», todas las funciones bajan pero sobresale la subejecución del crédito esperado en Energía, Combustibles y Minería, que es un 48,4% inferior a 2015 por la quita de subsidios. Hay una subejecución masiva en las funciones de Administración Gubernamental y Servicios de Defensa y Seguridad», detalló.
En lo que se refiere a los recursos presupuestarios, el informe destaca «decisiones políticas determinantes en la evolución económica» con «impacto en la recaudación tributaria», tales como las «reducciones en las alícuotas de las retenciones a las exportaciones de productos primarios, las devoluciones y/o disminución de retenciones por la elevación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, el aumento de tarifas y su efecto sobre los impuestos que dependen del valor facturado, la eliminación de las retenciones sobre la compra de divisas con fines de ahorro, entre otras».

Así, se verifica un incremento de la recaudación del 34,3% en el primer trimestre de 2016 respecto del mismo período de 2015 pero, a diferencia de lo establecido en la Ley de Presupuesto, se explica principalmente por el aumento de la utilización de los recursos por Rentas de la Propiedad, que ascendieron a $ 19.166 millones (114,6% de incremento interanual), y que tienen origen en las ganancias y la rentabilidad logradas en el Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.

La «política fiscal restrictiva aplicada» queda de manifiesto a través de las limitaciones impuestas en el otorgamiento de las Cuotas de Devengado (lo mandado a pagar) versus lo comprometido, lo que limitó el déficit financiero del período a $ 21.489 millones. Así, se demuestra que las subejecuciones no corresponden a decisiones de los organismos sino a los pagos ordenados con relación a los comprometidos en la Ley de Presupuesto 2016, una responsabilidad del Ministerio de Hacienda.
Castillo señaló que «detrás de estos fríos números existen miles de personas destinatarias de estos fondos que no han llegado y que no son otra cosa que el aporte de toda la población a través de sus impuestos. Espero que los legisladores, que son nuestros representantes, usen estos informes para solicitar las adecuaciones pertinentes a la nueva administración de modo que se cumplan las finalidades que ellos han votado en la Ley de Presupuesto 2016, para que el Presupuesto Nacional se convierta en un verdadero instrumento de política económica para el Estado Nacional”, concluyó.