La amenaza de miles de despidos estatales es una venia para los privados

El jueves el Indec dio a conocer el informe de Mercado de Trabajo del último trimestre de 2023 que, entre otros datos, arrojó un 5,7% de desocupación, la más baja de, al menos, las últimas dos décadas. Sin embargo, es una foto ya demasiada vieja.

Es que de diciembre a esta parte se ha registrado una oleada de despidos y suspensiones que prometen profundizarse. En una dinámica similar a la ocurrida en el primer trimestre del gobierno de Mauricio Macri miles de despidos estatales resultan la antesala de cesantías en el sector privado.  

Apenas asumido el gobierno de Javier Milei avanzó con la baja de entre 6 mil y 7 mil despidos de empleados públicos a los que se podrían sumar algo más de 20 mil en los próximos días. Es que la nueva gestión decidió en diciembre renovar por apenas tres meses los contratos de alrededor de 70 mil empleados del régimen de «ley marco». El ejecutivo ya dio la indicación de presentar listados de cesantías equivalentes al 30% del total. Son 21 mil puestos. Entre ellos ya se hicieron públicos las posibles 900 bajas de trabajadores producto del cierre Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y 1200 cesantías en ANSES.

Lo mismo en el INCAA con una primera oleada de 170 despidos que crecerán con el anunciado cierre del Cine Gaumont y el portal Cine.ar. La Agencia Nacional de discapacidad dio de baja 100 contratos y la administración general de Puertos cesanteó a 160 trabajadores.

La sangría no resulta gratuita para el gobierno que, luego de la negativa de los directores de institutos del CONICET de presentar los listados del 30% de sus 1600 empleados administrativos, sufrió la renuncia del secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y del subsecretario de Empleo Público, Ricardo Martín Boccacci. Son los funcionarios encargados de diseñar y ejecutar el plan de racionalización de la planta estatal.

Pero el ajuste que preparan en el Estado nacional, al igual que en 2016, tiene su correlato en el sector privado. Es que, por un lado, la actitud del ejecutivo y la ausencia de normativa que impida o dificulte los despidos, resulta un aval político para que los privados asuman una actitud similar. Por el otro lado, el ajuste estatal y la licuación de los salarios y haberes jubilatorios impactan directamente sobre el consumo y el gasto (en especial la obra pública) afectando un componente vital de la demanda agregada con impacto en la actividad del sector privado.

En 2016 los alrededor de 20 mil despidos estatales plasmados durante el mes de marzo representaron un tercio de los cien mil despidos registrados durante ese mismo mes. Al igual que ahora, los sectores más golpeados resultaron los trabajadores de la UOCRA, las siderúrgicas, el comercio y las autopartes.

Según datos de la Cámara de la Construcción, el actual ajuste en la obra pública generó la interrupción de más de 2100 obras sobre un total de 2417. Para la entidad los despidos podrían llegar a 200 mil. La UOCRA asegura que ya se plasmaron 50 mil bajas directas a las que hay que sumar 100 mil empleos indirectos vinculados con la cadena de valor y de consumo del sector.

Pero los despidos, las suspensiones y los retiros voluntarios ya afectan a variados sectores de la economía que van desde la construcción y la siderurgia hasta el comercio en supermercados pasando por la industria del calzado, plantas textiles y de electrodomésticos, ingenios azucareros, trabajadores de prensa y televisión, sanidad y pesqueros, entre otros.

Según la encuesta sobre industriales que realiza el Indec como parte de su informe de actividad industrial (IPI), en enero, el 19,8% de los empresarios reconocieron tener intenciones de despedir en el trimestre siguiente. Es el porcentaje de respuestas en ese sentido más alto desde la pandemia y se ubica diez puntos por encima del promedio de 9,6% registrado entre 2021 y 2023.

Consultado por Tiempo, Oscar Martínez, director del Taller de Estudios Laborales (TEL) señaló que «los despidos en el Estado no sólo tienen que ver con la política de ajuste fiscal, son una señal sobre el sector privado. Hay suspensiones en las siderúrgicas y despidos vengativos como en Firestone. No se habla tanto pero lo que está volviendo con fuerza son los retiros voluntarios. La recesión tampoco es motivo para los despidos porque vienen levantándola en pala. La actual situación política les permite apretar y producir más con la misma o menos gente».

Matías Maito, director del CETyD, de la Universidad Nacional de San Martín, señaló que «la Secretaría de Trabajo no publicó los últimos datos. Estamos a ciegas. No tenemos datos de trabajadores formales ni de despidos y suspensiones. La información disponible indica que hasta el año pasado tuvimos un máximo histórico de personas ocupadas y tasa de empleo y mínimos históricos de desempleo. Pero no es cierto que el mercado laboral goza de buena salud. El tipo de inserción laboral que crece son las formas más precarias, más inestables y de menores ingresos». Con todo, alertó, «es una foto vieja de lo que uno puede ver hasta diciembre cuando hubo una caída del poder adquisitivo muy relevante».

Para Martínez, «la desocupación se va a ver en el mediano plazo, en poco tiempo va a repercutir en la calidad del empleo y en el crecimiento del autoempleo que es desempleo disfrazado de cuentapropismo».

Maito señaló que «todos los indicadores macro dan cuenta de que el empleo formal está empezando a contraerse#.

El escenario resulta sombrío. En los primeros seis meses de 2016 el sector privado destruyó alrededor de 130 mil puestos de trabajo.